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Chihuahua, Chih.- Después de casi un año de que la titular del Instituto Chihuahuense de la Mujer Emma Saldaña Lobera, denunció administrativa y penalmente al ex secretario de Desarrollo Social José Luis García por violencia institucional y discriminación, éste fue inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por cuatro años, es decir, casi lo mismo que le queda al gobierno panista de Javier Corral. 

La resolución fue emitida por la secretaría de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos Loya, por haber incurrido en “violencia institucional y laboral” y un “trato con gritos agresiones físicas y actos tendientes a ridiculizar a la denunciante y a sus subordinados”.

Se dijo que para llegar a tales conclusiones, la resolución tomó en consideración el cúmulo de evidencias proporcionadas por ambas partes, dándole veracidad a la denuncia presentada por Emma Saldaña, fundamental en casos en donde las mujeres denuncian violencia.

Asimismo, el fallo retoma acertadamente diversos preceptos previstos en la Constitución mexicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos del Estado de Chihuahua.

Esta resolución coincide con la discusión actual sobre la tipificación de la violencia política que se realiza en el Congreso del Estado de Chihuahua y, representa un importante precedente en el que finalmente un ex funcionario en este caso, es sancionado por ejercer violencia contra otra integrante del Gabinete estatal, aun cuando García ya no detentaba el mismo cargo que cuando fue denunciado.

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