Chihuahua, Chih.- Defensoras de derechos humanos, activistas transfeministas, feministas y organizaciones de la diversidad sexual y de género emitieron un pronunciamiento público para alertar sobre lo que consideran un uso fraudulento de la figura legal de la identidad de género por parte de hombres cisgénero, práctica que, aseguran, constituye una forma de violencia institucional que afecta los derechos de las mujeres, las infancias y la población trans.
A nombre de las organizaciones, Mayte Regina Gardea señaló que han detectado un patrón de casos en distintas fiscalías y juzgados del país, incluido Chihuahua, particularmente en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), donde, afirmó, algunos hombres recurren al cambio de identidad de género con el propósito de evadir procesos judiciales, manipular procedimientos legales o atender intereses personales.
De acuerdo con el posicionamiento, esta práctica desvirtúa el objetivo de los derechos conquistados por las mujeres trans tras décadas de lucha y resistencia, al utilizar una figura jurídica creada para proteger a una población históricamente discriminada como un mecanismo para obtener beneficios procesales o evitar responsabilidades legales.
Las organizaciones sostienen que el derecho a la identidad de género no debe convertirse en un recurso para cometer fraude a la ley, ya que su finalidad es garantizar los derechos de personas que han enfrentado exclusión y violencia, no brindar protección a quienes buscan aprovecharse del sistema jurídico.
Asimismo, advirtieron que esta situación puede generar consecuencias dentro de las fiscalías especializadas en delitos de género, al considerar que la presencia de personas que presuntamente simulan una identidad trans para presentar denuncias puede inhibir a mujeres y niñas de acudir a denunciar, provocar procesos de revictimización y aumentar la carga de trabajo en instituciones que ya operan con recursos limitados.
Las firmantes hicieron un llamado a las fiscalías y al Poder Judicial para desarrollar mecanismos que permitan detectar posibles casos de fraude a la ley con perspectiva de género y enfoque transfeminista, con el fin de evitar que la identidad de género sea utilizada de manera oportunista para eludir procesos penales, civiles o familiares.
También convocaron a organizaciones civiles y a la sociedad a defender los espacios seguros destinados a mujeres y a respaldar la protección de los derechos de las personas trans, al considerar que ambas causas son compatibles y forman parte de la misma agenda de derechos humanos.
Finalmente, exhortaron a quienes recurren a estas prácticas a dejar de instrumentalizar las demandas de la población trans, al advertir que cada caso de simulación representa un desvío de recursos públicos que podrían destinarse a la atención de víctimas reales de violencia y a la protección de mujeres, niñas y mujeres trans en situación de riesgo.
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