Chihuahua, Chih.- El diputado del PRI, José Luis Villalobos, expresó su preocupación ante las acusaciones que presuntamente vinculan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a integrantes de su administración y mandos de seguridad, con estructuras del crimen organizado relacionadas con el tráfico de drogas y el control territorial mediante la violencia.
El legislador señaló que los señalamientos contenidos en investigaciones y documentos judiciales internacionales representan uno de los casos más delicados de los últimos años en el país, al plantear una posible relación entre autoridades estatales y grupos criminales para influir en procesos electorales, controlar corporaciones policiacas y permitir actividades ilícitas bajo esquemas de protección institucional.
Villalobos advirtió que, de comprobarse estos hechos, se trataría de una grave traición a la confianza ciudadana y al deber constitucional de garantizar seguridad y justicia.
“México no puede normalizar que el crimen organizado influya en elecciones, infiltre gobiernos o utilice las instituciones públicas para intimidar y violentar a la población. La democracia debe defenderse con instituciones fuertes y transparentes, no con pactos oscuros”, expresó.
Añadió que las acusaciones incluyen presuntos actos de complicidad relacionados con narcotráfico, protección a grupos armados y uso indebido de estructuras estatales para favorecer operaciones criminales. También lamentó los señalamientos sobre posibles actos de intimidación política y utilización de corporaciones de seguridad para fines distintos a la protección de la ciudadanía.
El diputado priista sostuvo que Sinaloa enfrenta una crisis de violencia e inseguridad que ha impactado a miles de familias, por lo que pidió investigaciones exhaustivas, imparciales y con colaboración internacional para deslindar responsabilidades y evitar cualquier intento de encubrimiento.
“El pueblo de Sinaloa merece saber la verdad. Ningún funcionario, sin importar su cargo, puede estar por encima de la ley”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el PRI mantendrá una postura de exigencia para que las autoridades federales esclarezcan cualquier posible vínculo entre servidores públicos y organizaciones criminales, priorizando la seguridad y tranquilidad de la población.
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