México fue reconocido como el cuarto país de América Latina y el Caribe que más redujo la pobreza durante 2025, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). El dato ha sido celebrado por autoridades y analistas como un signo de recuperación social tras una década de vaivenes económicos y choques estructurales, ya que, con una disminución anual de 3.1%, el país aparece en la parte alta del ranking regional.
El reconocimiento, sin embargo, convive con una realidad que exige cautela: los resultados se construyen sobre una base frágil de desigualdades persistentes, regiones rezagadas y carencias que siguen afectando a millones. En un entorno donde las cifras oficiales conviven con la precariedad cotidiana, la pregunta no es sólo si México avanzó, sino a qué ritmo, con qué calidad y para quiénes.
Liderazgos regionales y el papel de México y Brasil
De acuerdo con El Economista, el informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2025, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ubicó a Honduras como el país con mayor reducción de la pobreza (4.2%), seguido por Costa Rica y República Dominicana (con 3.3% cada uno). México aparece en cuarto lugar, mientras que Brasil ocupa el séptimo con una baja de 1.9%.
La lectura regional exige otro matiz: México y Brasil concentran 52% de la población de América Latina y el Caribe. Por ello, como explicó José Manuel Salazar-Xirinachs, sus avances “suelen ser determinantes para la media regional, aunque no sean los líderes en disminuirla”. En otras palabras, aunque no encabecen la lista, su peso demográfico vuelve estructural cualquier mejora… y dramático cualquier estancamiento.
Bajar no significa erradicar: pobreza en México en 2025
No obstante, el propio secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar-Xirinachs, aclaró, en respuesta a una solicitud de El Economista, que “las transferencias de ingreso no contributivas ayudan en la reducción de la pobreza (…) pero no garantizan por sí la erradicación”. La aclaración es clave: reducir no equivale a resolver.
Los números de otros estudios cómo la Medición de Pobreza Multidimensional presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México en 2025,confirman que, si bien en 2022 había 46.8 millones de personas en pobreza y esta cifra logró reducirse a 38.49 millones para 2024, por lo que sin duda ha habido una disminución importante en los niveles de pobreza que equivale al 17.7% del total, el tamaño del problema sigue siendo monumental, pues todavía tres de cada diez personas viven en pobreza.
Más aún, 80.4 millones enfrentan al menos una carencia social, cuestiones que no representan estadísticas abstractas, sino derechos vulnerados. Entre las carencias más extendidas se encuentran el acceso a la seguridad social —con casi la mitad de la población que no está afiliada a instituciones como el IMSS o el ISSSTE—; el rezago educativo, que afecta a 18.6% de la población; y la falta de acceso a una alimentación adecuada, que afecta al 14.4% de la población, los cuales suelen ser niños, niñas, adolescentes y comunidades indígenas, quienes forman parte de los grupos más vulnerables del país.
Rutas para enfrentar la desigualdad estructural
El diagnóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe no se queda en la contabilidad de la pobreza en México en 2025, sino que el organismo propone una serie de acciones indispensables para abordar la desigualdad, las cuales buscan atacar los factores estructurales que limitan los avances sostenidos.
Entre sus recomendaciones se encuentran:
Incentivar el crecimiento económico para dinamizar el mercado laboral, con énfasis en empleos formales y mejor remunerados.
Impulsar un sistema fiscal progresivo que permita una redistribución más equitativa y reduzca las desigualdades extremas.
Desarrollar políticas sociales y de protección social, priorizando programas que acompañen a los grupos históricamente vulnerados.
Fortalecer los sistemas educativos, garantizando acceso y calidad para romper ciclos intergeneracionales de pobreza.
Para la región, estas transformaciones representan no solo ajustes técnicos, sino decisiones políticas de largo plazo destinadas a construir sociedades más igualitarias.
El papel de las empresas: responsabilidad y acción
La erradicación de la pobreza no puede recaer únicamente en el Estado: requiere de la corresponsabilidad de todos los sectores, especialmente del empresarial. En un país con desigualdades profundas, las compañías tienen el potencial de convertirse en actores clave para impulsar movilidad social, reducir brechas y fortalecer el bienestar comunitario.
Las empresas pueden contribuir significativamente mediante políticas internas y programas orientados al desarrollo humano. Para ser parte activa de la solución, pueden implementar acciones como:
Recomendaciones estratégicas para el sector empresarial:
Generar empleos formales y dignos, con acceso a seguridad social y oportunidades reales de crecimiento.
Ofrecer programas de capacitación y desarrollo, especialmente para poblaciones vulneradas.
Crear iniciativas comunitarias que atiendan necesidades de educación, salud y alimentación.
Establecer alianzas con OSC, universidades y gobiernos, potenciando impacto social.
Promover prácticas de inclusión y equidad, eliminando barreras para mujeres, juventudes e indígenas.
Invertir en innovación social, apoyando proyectos que mitiguen carencias en territorios de alta vulnerabilidad.
Entre el aplauso y la deuda social
Que México aparezca entre los países que más redujeron la pobreza en la región es una señal de avance, pero no un certificado de victoria. Las cifras confirman que las políticas redistributivas y el aumento al salario mínimo sí pueden mover la aguja, pero también dejan claro que el impacto es limitado cuando no se acompaña de transformaciones estructurales profundas. Medir el progreso sólo por rankings regionales es una lectura superficial que corre el riesgo de convertir una mejoría parcial en un relato de éxito absoluto.
La verdadera evaluación debe hacerse desde el territorio, no desde el promedio. Mientras millones de personas sigan sin acceso a seguridad social, educación o alimentación adecuada, no puede hablarse de desarrollo pleno, sino de contención del daño. México no enfrenta una crisis pasajera, sino una deuda histórica que exige voluntad política sostenida, una economía más justa y un sector privado comprometido más allá de la filantropía. Reducir la pobreza es importante; evitar que se reproduzca es impostergable.
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