Chihuahua, Chih.- El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, advirtió que las reformas a la Ley General de Aguas impulsadas por el Gobierno Federal continúan representando riesgos para los productores agrícolas y ganaderos del país, pese a las modificaciones que se realizaron tras las recientes protestas.
Domínguez explicó que durante la semana pasada se registraron plantones, cierres de carreteras e instalaciones federales por parte de productores, quienes reclamaron tres puntos: el pago de un programa de adquisición de granos pendiente desde 2020, la creciente inseguridad en carreteras y los cambios impulsados a la Ley General de Aguas.
Detalló que la deuda con el sector agrícola asciende a alrededor de 2 mil 300 millones de pesos, mientras que en el tema del agua persisten preocupaciones relacionadas con la transmisibilidad de pozos y derechos de uso, así como con la centralización del control del recurso por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El dirigente del PRI señaló que tampoco se contempla de manera adecuada la actividad pecuaria ni la regulación de pozos, acequias y abrevaderos utilizados por ese sector, además de que no se incluye lo referente a la retención de agua en procesos industriales como los jales mineros.
Indicó que, después de mesas de diálogo con productores —en las que participó junto con el diputado federal Tony Meléndez— se logró que el Gobierno Federal modificara cinco de los doce puntos planteados por los agricultores. A partir de ello, se generó un nuevo dictamen que será votado en comisión este miércoles.
Sobre el contenido del dictamen, Domínguez expuso que se mantiene la concentración de decisiones y administración del agua en Conagua, se introduce la figura de “uso agropecuario familiar”, pero sin definir mecanismos claros para la operación de pozos y sistemas de riego pecuarios.
Asimismo, aunque se abre la puerta a la transmisibilidad de derechos de agua —ya sea mediante venta de predios con pozo o dentro de distritos de riego— esa posibilidad quedará sujeta a reglas administrativas futuras, cuyo contenido aún es desconocido para los productores.
El líder priista alertó que continúa la criminalización del sector agrícola, pues si bien se modificó el nombre de los delitos relacionados al uso del agua y se redujeron algunas penas, no se eliminaron los tipos penales que podrían llevar a agricultores a enfrentar sanciones de hasta siete años de prisión.
Ante este escenario, Domínguez anticipó que el PRI en Chihuahua respaldará a los productores en su exigencia por una legislación que garantice certeza jurídica y productividad para el campo.
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