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Chihuahua.- Como una forma de apoyar al gremio periodístico y dada la polémica que se ha suscitado en los medios de comunicación en los días recientes, el diputado Miguel La Torre Sáenz propuso derogar el artículo 333 del Código Penal del  Estado de Chihuahua, que prácticamente sanciona a quien haga “memes”.

El legislador del Partido Acción Nacional recordó que este artículo establece “que se impondrán de uno a tres años de prisión y de cincuenta a mil días multa al que, para obtener un beneficio o causar un daño, indebidamente produzca o edite, por cualquier medio técnico, imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos”.

Detalló que este articulo se publicó en el periódico oficial el 27 de diciembre del 2006 al aprobarse el nuevo Código Penal para el Estado de Chihuahua, por iniciativa del entonces gobernador José Reyes Baeza; en cuyo dictamen, no obstante, no contiene una referencia en su exposición de motivos respecto a su contenido, pues solo se limitó a establecer en la parte de consideraciones el mismo contenido del artículo 333, sin dar mayor explicación.

Detalló que al realizar un análisis somero del contenido del artículo se desprende que empieza por señalar que “al que pretenda obtener un beneficio o causar un daño”, lo que no establece ningún parámetro de medida ni de proporción, su redacción es amplia, es decir cualquier beneficio o daño, sin considerar si debe ser valorizable económicamente, si es de índole personal, colectivo, físico o moral, o de otro tipo, y tampoco especifica alguna calidad de sujeto activo.

Otro elemento de la definición es “indebidamente produzca o edite”, sin dar mayor elemento respecto a la ilicitud de la acción, ni que se entiende por las palabras producir o editar, si es solo un cambio menor a una alteración sustantiva, o si producir se actualiza solo con recibir una imagen en algún aparato electrónico, tampoco esta porción normativa guarda algún parámetro de razonabilidad o de proporcionalidad.

Agregó en su  iniciativa que la expresión “cualquier medio técnico”, hace incluir dentro de la categoría a cualquier aparato, desde un reloj digital, un celular, una cámara fotográfica o una computadora, lo cual constituye ahora en estos tiempos una generalidad casi absoluta.
Finalmente, para el diputado la parte normativa final que establece “imágenes, textos o voces, total o parcialmente falsos o verdaderos”, constituye un supuesto absoluto, sin ningún parámetro, ni exclusión, ni de medida, ni criterio de proporcionalidad, ni de razonabilidad normativa. 

“No aclara si las imágenes, texto o voces deben de ser propios o ajenos, de su propiedad o de la de otros. El que las imágenes, los textos y las voces resulten verdaderas y ellas sean editadas, aunque sea en su propio contexto de verdad para obtener un beneficio, aun así, resulta castigable, el colmo. Resulta por demás absurdo”, detalla.

Señala pues que “el contenido del artículo 333 del código penal en su conjunto y atendiendo a su literalidad, en sentido estricto como deben redactarse e interpretarse los tipos penales, haría que cualquier persona que con su aparato celular produzca o edite una imagen, voz o texto y busque un beneficio o causar un daño y no la comparta digitalmente actualiza la conducta punible; porque el tipo penal para actualizarse, no requiere que dicha imagen, voz o texto se circule, trasmita, publique o haga pública. Así de ilógico es el supuesto normativo de este tipo penal”.

En cuanto a la aplicación del artículo en la esfera del ejercicio de la libertad de expresión y de libre prensa, “ya podemos desprender las nefastas consecuencias que vendrían para los ciudadanos y sobre todo los periodistas. La redacción tan amplia de los supuestos del referido artículo ocasionarían fácilmente que cualquier periodista pudiera ser motivo de investigación y procesamiento criminal por parte de una autoridad incomodada por los señalamientos del periodista, aún y cuando fueran verdaderos. La aplicación de dicho artículo también sería un peligroso antídoto en contra de la participación e involucramiento ciudadanos, más aún en los tiempos de la digitalización masiva que vivimos y que han asentado sus reales en el mundo entero, sin excluir a nuestro estado”.

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