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Durante el 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 19[1] organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos (EUA) expusieron los obstáculos que enfrentan las personas solicitantes de asilo en la frontera entre México y EUA, tras las recientes órdenes ejecutivas de Donald Trump. Sin embargo, el gobierno estadounidense no asistió a la audiencia, lo que muestra su desdén hacia los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

El Instituto de la Mujer en Migración informó que del 15 al 22 de marzo, se lleva a cabo en Washington diversas Audiencia Públicas de la CIDH, entre los temas que se pondrán en la mesa se encuentra el derecho a solicitar y obtener asilo en México y Estados Unidos, así como la situación de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México.

A casi dos meses de emitidas las primeras órdenes ejecutivas del gobierno estadounidense sobre seguridad fronteriza e inmigración, que establecen, entre otras cosas, la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos; la ampliación de las prioridades para la deportación de personas con estatus migratorio irregular; la detención de personas solicitantes de asilo; y la suspensión por 120 días de las admisiones de personas refugiadas; las organizaciones de la sociedad civil han señalado como esta política migratoria estigmatiza, criminaliza y obstaculiza la vida familiar de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Además de que México está participando en acciones que limitan el acceso al asilo a través de los Grupos Beta en la frontera de Tijuana.

En este contexto, son las mujeres, las niñas y los niños los principales afectados. De acuerdo con WOLA[3], entre 2015 y 2016, más de 180.000 niñas, niños y sus familias que huyeron de la violencia en Centroamérica fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos son los testimonios  de mujeres que han salido de sus países de origen debido a la violencia que enfrenten por parte de sus parejas, la comunidad o el Estado. Mientras que otras más son obligadas a salir ante las amenazas de muerte que reciben. Limitar u obstaculizar su derecho humano al asilo, podría condenarles a la muerte o la desaparición, además del impacto en su salud física y emocional.

Diversos reportes han señalado como agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) se burlan y humillan a las personas migrantes y solicitantes de asilo al llegar a la frontera entre México y EUA, al tiempo que se ha incrementado los casos de separación familiar, una vez que se encuentran en custodia de las autoridades migratorias de EUA. Mientras que la detención se ha convertido en la regla y no la excepción.

A ello se suma la política de detención y contención que el gobierno mexicano ha instaurado desde 2014 a través del Plan Frontera Sur, con el que se incrementaron las detenciones de personas migrantes, la mayoría con necesidades de asilo o protección internacional. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, entre 2013 y 2016 se incremento en un 120% la detención de personas migrantes, 90% fueron deportadas a sus países de origen de manera expedita. Informes de las organizaciones de la sociedad civil han señalado como el apoyo económico y la presión para su implementación, por parte de EUA, fue fundamental para detener los flujos migratorios de personas provenientes de Centroamérica, constituyendo una violación al derecho internacional.

El pasado 17 de marzo, organizaciones de la sociedad civil de México presentaron ante la CIDH los obstáculos que enfrentan las personas solicitantes de asilo en México, resultado de dicha audiencia se creó un grupo de trabajo entre autoridades y sociedad civil, en el que el gobierno mexicano se comprometió a desarrollar propuestas que mejoren la atención a la población refugiada en el país.

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