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Ciudad de México.- A casi un año de que se aprobara el aumento del precio del boleto del metro en la capital del país, de tres a cinco pesos, hasta ahora no se han cumplido las promesas hechas por el Gobierno del Distrito Federal para justificar el incremento, acusaron diputados locales e integrantes de asociaciones civiles.

Los argumentos ofrecidos tanto por el gobierno capitalino como por el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para sostener la decisión fueron diversos: adquisición de nuevos vagones, modernización y mantenimiento de trenes, renovación de la Línea 1, sustitución de equipos electromecánicos, aparatos de vías, instalaciones eléctricas y de seguridad, así como conservación de estaciones.

Las mejoras en este medio de transporte que al trimestres traslada a más de 399 millones de usuarios, según datos del STC, se realizarían con los 3 mil millones de pesos que se captarían con el incremento al pasaje.

Sin embargo, a finales de septiembre de este año, el director general del STC, Joel Ortega Cuevas, informó que el monto generado por el aumento a la tarifa es de mil 900 millones de pesos, mismos que serán integrados a un Fideicomiso Maestro en el que también se incluye el presupuesto del Gobierno Federal destinado al Metro.

En los últimos meses, según han manifestado usuarios en redes sociales, las fallas en el servicio se han incrementado y en algunos casos, empeorado. Esto ha generado descontento por parte de los pasajeros y organizaciones de la sociedad civil que pugnan por el derecho a un transporte de calidad, ya que al día pueden llegar a registrarse hasta 23 fallas, según admitió el mismo Joel Ortega en conferencia de prensa el pasado 23 de septiembre.

También, desde el incremento se han rehgistrado una serie de incidentes que involucran a choferes y pesonal de seguridad, que van desde circular con las puertas abiertas, conductores en estado de ebriedad, hasta insultos y agresiones a los usuarios, como sucedió en septiembre pasado, cuando empezó a circular el YouTube un video que muestra a un convoy de la Línea 7 en movimiento, con al menos dos puertas abiertas, que son cerradas durante el trayecto, una por personal del Metro, otra por una mujer policía, según la grabación.

La persona que subió el material, detalló que esto ocurrió el miércoles tres de septiembre por la mañana, en la estación Tacubaya. De acuerdo a la denuncia, el vagón viajó con la puerta abierta siete estaciones.

El operador pidió primero desalojar los vagones, alegando fallas pero minutos después, indicó que podían subir de nuevo, fue ahí donde el tren avanzó con las puertas abiertas.

Únicamente ese vagón iba ocupado. El convoy siguió la ruta sin detenerse y en la estación San Joaquín, una de las pasajeras brincó hacia el andén. Al llegar a Refinería finalmente el chofer se detuvo y fue ahí donde pasajeros arremetieron contra él.

El STC se ha deslindado de las deficiencias, al hacer público que el principal transporte de la Ciudad de México, guarda un déficit histórico de 25 mil millones de pesos de inversión en mantenimiento y renovación de equipos.

El 23 de septiembre, Joel Ortega anunció también la política de otorgar reembolso de boletos por retrasos de más de 25 minutos por fallas en el servicio y aseguró que las reformas se verán en el mediano y largo plazos, pues el sistema enfrenta un rezago de más de 20 años en el mantenimiento de sus instalaciones y trenes.

CIUDAD PARA AUTOMÓVILES

Para la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (ALDF) Laura Ballesteros Mancilla, el aumento a la tarifa fue un espejismo: “De los 3 mil millones de pesos que se van a estar recaudando cada año, ni siquiera destinando lo de seis años, se alcanzaría a cubrir el déficit de mantenimiento [25 mil millones de pesos], el Gobierno no ha tenido como prioridad la inversión en transporte público”.

En entrevista con SinEmbargo añadió que más del 75 por ciento del presupuesto de infraestructura se utiliza en la construcción de carreteras y estacionamientos; “la ciudad no puede seguir aguantando las políticas basadas en la improvisación. Hoy es más rentable invertir en coches, eso deja más dinero a los funcionarios”.

Por su parte, el coordinador del programa Transporte Eficiente de la asociación civil El Poder del Consumidor, Daniel Zamudio, aseguró que si de sacar presupuesto se trataba, debió de haberse elevado el costo al uso del automóvil y no el precio del boleto de transporte público.

Para Zamudio, las políticas de movilidad del Distrito Federal no son claras y están enfocadas en intereses particulares y exigencias de la iniciativa privada en cuanto a las constructoras que ganan las licitaciones, “ahora esto es un negocio entre constructoras y gobierno”.

Reclamaron que la rendición de cuentas por parte de las autoridades del STC también es tarea pendiente, ya que se desconocen los montos que se recaudan por concepto de comercio y renta de los pequeños locales dentro de las estaciones hasta el dinero que se genera en plazas comerciales instaladas en estaciones terminales como El Rosario y Ciudad Azteca.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Zamudio agregó que al gobierno de la ciudad le hace falta entablar mesas de diálogo con especialistas en infraestructura y con la sociedad civil para atender sus necesidades, “más que construir líneas nuevas, que resultan muy costosas, (la última tuvo un costo de 30 mil millones de pesos), por ejemplo, se hubieran podido extender aquellas líneas que colindan con el Estado de México”, ya que el 40 por ciento de los usuarios del Metro provienen de esta entidad.

“Las autoridades se han desentendido del problema y el poco mantenimiento que se le da al Metro es por parte del Distrito Federal”, concluyó la Diputada Ballesteros.

-Con información de Daniela Barragán
Fuente: Redacción | Sin Embargo


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