La entrevista que la gobernadora María Eugenia Campos concedió a Ciro Gómez Leyva se convirtió en su posicionamiento más amplio desde que estalló la polémica por la presencia de presuntos agentes estadounidenses en un operativo realizado en el municipio de Morelos. Sin embargo, al revisar el discurso completo y contrastarlo con información pública conocida desde la muerte del entonces titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, aparecen contradicciones, omisiones y afirmaciones difíciles de sostener.
Uno de los puntos más delicados es la insistencia de la mandataria en que desconocía completamente la presencia de agentes estadounidenses en territorio estatal. Campos asegura que supo del tema únicamente después del accidente ocurrido en abril y que nunca autorizó ni tuvo conocimiento de la participación de elementos norteamericanos, como si no fuera ella la responsable de la seguridad en el estado, como si el hoy ex fiscal César Jáuregui pudiera haber actuado en una acción que ellos mismos calificaron como de gran relevancia: el descubrimiento, que no desmantelamiento como dijo la Fiscalía General de la República, de un narcolaboratorio.
Sin embargo, desde que se hizo pública la muerte del mando estatal comenzaron a surgir versiones oficiales y extraoficiales sobre colaboración binacional en operaciones contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara. Diversos reportes periodísticos nacionales ya hablaban de coordinación entre agencias mexicanas y estadounidenses en labores de inteligencia en Chihuahua, particularmente por el combate al tráfico de fentanilo y armas. La propia gobernadora admite durante la entrevista que mantenía comunicación constante con autoridades estadounidenses mediante el consulado de Estados Unidos en Juárez.
Ahí aparece una primera zona dudosa: sostiene que tenía “muy buena relación” con el consulado estadounidense, pero al mismo tiempo asegura que jamás existió conocimiento alguno sobre presencia de agentes en el estado. Resulta complicado separar totalmente ambos niveles de comunicación en un contexto donde Chihuahua es una de las entidades estratégicas para cooperación bilateral en seguridad.
Otro elemento relevante es que la gobernadora afirma que aún desconoce quién más sabía de la presencia de agentes extranjeros dentro de la estructura estatal. Sin embargo, esa versión contrasta con declaraciones públicas de la recién creada Unidad Especializada para la investigación de los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril Wendy Chávez, quien señaló que los agentes estadounidenses se habrían coordinado únicamente con el fallecido comandante Pedro Oseguera. Esa declaración buscó acotar responsabilidades a una sola persona, que además ya no podía aceptarlo o negarlo, pero también evidenció que dentro de la Fiscalía sí existía ya una narrativa interna sobre cómo operó la coordinación con los extranjeros. La contradicción es evidente: mientras Campos dice no tener claridad sobre quién sabía, desde la propia Fiscalía ya se habían dado versiones específicas sobre el nivel de conocimiento y la cadena de contacto.
Otro punto cuestionable es cuando afirma que “la mayoría de las cosas se quedaron en cancha del Gobierno Federal” y desliza la idea de que prácticamente toda responsabilidad recaería en instancias federales o en la Fiscalía General de la República. No obstante, el operativo ocurrió con participación de autoridades estatales y bajo mando de funcionarios de Chihuahua. El hecho de que Oseguera trasladara personalmente a los estadounidenses apunta a que al menos existía conocimiento interno dentro de la estructura estatal. Más aun, en un comunicado posterior la FGR señaló que se informó del operativo un día después, y que las instalaciones fueron entregadas de manera parcial y sin cadena de custodia.
Además, al tiempo que dice desconocer quién más conocía la presencia de agentes extranjeros, reconoce que el tema fue discutido desde el día siguiente en la Mesa de Seguridad con mandos militares y federales. Esa admisión contradice parcialmente la narrativa de desconocimiento absoluto. Además que se ha señalado que en dado caso de no saber nada sobre el operativo y los agentes de la CIA, bien pudo haber comparecido ante el Senado cuando se le invitó para decir eso mismo y no decirlo ahora y solo en medios nacionales.
También resulta llamativo el manejo político del caso. Campos insiste repetidamente en que Morena busca “destruirla”, quitarle el fuero y fabricar una crisis política. Sin embargo, evita profundizar en el fondo jurídico del tema: la posible violación a la soberanía nacional por operaciones extranjeras sin autorización pública conocida.
En varios momentos desplaza el debate hacia ataques partidistas, acusando a Morena, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar de actuar “con veneno” y “violencia”. Ese recurso discursivo funciona para victimizarse políticamente, pero desvía la atención de preguntas centrales: quién autorizó la operación, qué nivel de coordinación existió y bajo qué marco legal participaron los estadounidenses, a los que el propio secretario de Seguridad Pública Estatal Gilberto Loya dijo el 24 de abril, que se les destinaría el piso 18 de la Torre Centinela.
Hay además una estrategia clara de convertir el caso en una confrontación Federación-Estado. Campos insiste en que Chihuahua “resiste” frente al Gobierno Federal y presenta el conflicto como parte de una ofensiva política contra gobiernos panistas. Sin embargo, la entrevista deja fuera un dato relevante: la cooperación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses en seguridad no comenzó con Morena ni con ella; ha existido durante décadas bajo gobiernos priistas, panistas y morenistas.
Otro elemento engañoso es el uso selectivo de cifras de seguridad. La gobernadora presume reducciones en homicidios y robos utilizando datos comparativos favorables a su administración, pero omite que Chihuahua continúa entre los estados con mayores niveles de violencia del país y que Ciudad Juárez mantiene tasas elevadas de homicidio doloso. Presentar únicamente las reducciones porcentuales sin el contexto completo genera una narrativa parcial, sobre todo cuando las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se alimentan de las propias cifras de los gobiernos estatales.
También llama la atención la forma en que minimiza la controversia sobre las patrullas con logotipos del Departamento de Policía de Nueva York. Aunque intenta reducir el asunto a una crítica absurda de Morena, el debate público realmente gira sobre la creciente cercanía simbólica y operativa con corporaciones estadounidenses en materia de seguridad, tema especialmente sensible tras las acusaciones sobre agentes extranjeros. A lo que se suma la declaración del alcalde Marco Bonilla de que su administración heredó ese convenio de la hoy gobernadora cuando fue alcaldesa de Chihuahua.
Respecto al “teléfono rojo” con la presidenta Claudia Sheinbaum, Campos plantea que no ignoró la llamada sino que simplemente no estaba en la oficina. Técnicamente puede ser cierto, pero políticamente el episodio reflejó una ruptura evidente en la comunicación con Palacio Nacional, lo que fue además aderezado con la evidente burla que hizo ella durante una entrevista "banquetera" con los reporteros de la fuente, al decir que se tenía que ir a atender el "teléfono rojo". La entrevista intenta reconstruir esa narrativa para reducir el costo político.
Uno de los pasajes más polémicos es cuando compara la situación de Chihuahua con la de Sinaloa y menciona indirectamente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Ahí busca evidenciar un supuesto trato diferenciado del Gobierno Federal. Sin embargo, utiliza un argumento emocional y político más que jurídico, alejándose nuevamente del fondo del caso. al decir que que mientras a ella la atacan e intentan desaforar por combatir al narcotráfico, del que momentos antes negó estar enterada, a Rocha Moya el partido guinda le brinda protección institucional a pesar de las graves acusaciones de Estados Unidos
La entrevista también deja ver una intención de construir un relato de resistencia personal. Campos se presenta como una gobernadora perseguida que enfrenta al poder federal mientras defiende a Chihuahua. Ese encuadre le permite cohesionar a sectores panistas y opositores, aunque evita responder de forma contundente sobre mecanismos específicos de control dentro de su propia administración.
También se menciona el tema tan llevado y traído de la marcha de Morena el pasado sábado en la capital, para la que asegura no haber ordenado bloqueos, y como varios personajes panistas, aseguran que fueron, por ejemplo productores afectados por el gobierno federal, pero no explican qué hacía un funcionario estatal, Mario Mata, coordinando un cierre carretero, y la explicación que dio el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña sobre la cancelación del sistema de transporte durante toda la tarde de todo el sábado tampoco es creíble cuando nunca en ninguna marcha había ocurrido eso. Tampoco el director de la Junta de Agua y Saneamiento Alán Falomir da una explicación lógica sobre la repentina supuesta fuga de agua en la calle 11, donde se abrió un gran boquete justo a la hora y lugar por donde pasaría la marcha. Como tampoco resulta creíble que fueran ciudadanos los que hayan gastado de su bolsa, e iniciativa, para colocar pendones contra Morena por toda la avenida Universidad.
Finalmente, hay una omisión importante: Campos nunca explica con claridad por qué, si no sabía nada, el entonces fiscal César Jáuregui dejó el cargo tras el escándalo. La respuesta queda ambigua y evita precisar responsabilidades concretas. Tampoco aclara quién autorizó finalmente el operativo ni cómo ingresaron los presuntos agentes estadounidenses.
En conjunto, el discurso de Maru Campos mezcla defensa política, victimización y ataques a Morena con datos parciales y vacíos importantes sobre el tema central. La entrevista le sirvió para fijar postura pública, pero dejó abiertas varias interrogantes sobre el nivel real de conocimiento que existía dentro del Gobierno de Chihuahua respecto a la presencia de agentes estadounidenses en el estado, y las intenciones reales de estos.
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