La marcha encabezada por Morena el pasado sábado en la ciudad de Chihuahua dejó algo más importante que discursos, mantas o cifras de asistencia: dejó en evidencia el clima de confrontación política que vive el estado y la manera en que el poder reacciona cuando se siente amenazado, sobre todo cuando ha señalado a diestra y siniestra que desde que Morena gobierna el país, se vive una dictadura.
Más allá de simpatías partidistas, hay un hecho que no puede ignorarse. Desde temprana hora comenzaron a reportarse bloqueos, retrasos, cierres parciales, obras repentinas y obstáculos en distintos accesos carreteros hacia la capital. Quienes venían de Ciudad Juárez, Delicias, Cuauhtémoc y otros municipios denunciaron dificultades para llegar a la manifestación. La imagen de tráileres atravesados, filas kilométricas y retenes improvisados terminó robándose parte de la atención del evento político.
El Gobierno del Estado y figuras del PAN, del PRI y de MC han insistido en que los bloqueos fueron obra de ciudadanos inconformes, agricultores o transportistas molestos con políticas federales. Puede ser cierto en algunos casos. Pero también es verdad que en política no hay coincidencias. Y que la coincidencia de tantos obstáculos burdos el mismo día y en puntos estratégicos despertó sospechas legítimas entre quienes participaron en la movilización.
Lo delicado aquí no es únicamente la disputa política entre Morena y el Gobierno estatal. Lo preocupante es el mensaje que se manda cuando una administración parece más enfocada en dificultar una manifestación que en garantizar condiciones para que ocurra de forma libre y pacífica, yendo incluso en contra de derechos como el libre tránsito y al transporte público.
En democracia, el derecho a manifestarse no debería depender del partido político que convoque. Si mañana el PAN, Movimiento Ciudadano, PRI o cualquier organización social decide salir a las calles, también tendría que contar con garantías para hacerlo. La tolerancia democrática se demuestra precisamente cuando se respeta al adversario.
La reacción del oficialismo estatal también dejó ver nerviosismo. Los espectaculares, las críticas, los intentos por minimizar la convocatoria y las respuestas de algunos funcionarios reflejaron más preocupación de la esperada. Porque aunque Morena y sus dirigentes exageraran números o aprovecharan políticamente la marcha, lograron colocar un tema en la conversación pública: el desgaste del gobierno estatal y la polarización que atraviesa Chihuahua.
Tampoco Morena sale completamente limpio. Como ocurre en casi todas las movilizaciones partidistas en México, hubo acusaciones de acarreo, uso de camiones y operación política. Negarlo sería ingenuo. Pero una cosa no cancela la otra. Que existiera estructura política detrás de la marcha no justifica obstaculizarla.
Lo sucedido el sábado debe servir como advertencia. Chihuahua está entrando de lleno en un clima preelectoral adelantado rumbo a 2027, donde cada movilización, cada declaración y cada protesta comenzará a leerse en clave electoral. Y cuando la lucha por el poder sustituye al diálogo democrático, el riesgo es que la confrontación siga escalando.
La verdadera fortaleza de un gobierno no está en impedir que sus adversarios se manifiesten, sino en demostrar que puede convivir con la crítica, incluso cuando esa crítica llena plazas y carreteras.
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