Chihuahua, Chih.- La diputada federal por Chihuahua, Rocío González, advirtió que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales impulsada desde el Gobierno Federal representa un riesgo serio para los pequeños y medianos productores, al sustituir las concesiones por permisos temporales que podrían revocarse en cualquier momento.
González explicó que el corazón del conflicto no es únicamente la transmisión de derechos, sino la eliminación del régimen de concesiones que durante décadas ha otorgado certeza jurídica a quienes dependen del uso del agua para producir. Señaló que los permisos temporales impedirían a los agricultores acceder a créditos o inversiones, pues no ofrecerían garantías suficientes.
La legisladora destacó que la inseguridad en el acceso al recurso impactaría con mayor dureza a quienes menos tienen. “A los pequeños y medianos productores les complica totalmente invertir. ¿Quién va a prestar dinero sin certeza de que el permiso no será revocado si no llueve o baja el volumen de agua?”, cuestionó.
Otro punto crítico, dijo, es la restricción a la transmisión sucesoria de derechos de agua, una práctica común entre familias del campo. Recordó que muchos productores sin capital inmediato optan por rentar su tierra junto con la concesión para mantenerla en producción, mecanismo que también quedaría prohibido bajo el nuevo modelo.
González añadió que la preocupación no es exclusiva del sector agrícola, pues transportistas de todo el país se han sumado a las movilizaciones ante lo que consideran decisiones injustas del Gobierno Federal. Dijo que, aunque había un acuerdo previo entre productores y autoridades federales sobre precios de garantía, éste no se respetó, lo que reactivó protestas y bloqueos carreteros.
La diputada respaldó al Congreso del Estado por sostener una mesa de diálogo con agricultores la semana pasada y criticó a quienes se negaron a asistir. “No era un debate, era una mesa de escucha. Cuando los ciudadanos dicen ‘escúchenos’, lo mínimo es darles la cara”, afirmó.
González subrayó que continuará acompañando al sector agrícola en su exigencia de certeza jurídica y transparencia en las decisiones que afectan su futuro.
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