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Chihuahua, Chih.— El diputado del Partido Acción Nacional, Saúl Mireles, señaló que la tensión generada por las recientes manifestaciones en defensa del agua no es exclusiva de Chihuahua, sino un fenómeno que se está replicando en distintas regiones del país. El legislador afirmó que incluso se está integrando una comisión de productores y representantes para viajar a la Ciudad de México y dialogar con la Secretaría de Gobernación.

Mireles atribuyó parte de la inconformidad a declaraciones recientes de la presidenta de la República, quien aseguró que el objetivo de la reforma es que “el agua vuelva a la tutela de la nación”. Ante ello, el diputado cuestionó el planteamiento: “El artículo 27 constitucional habla de que la tierra y el agua son propiedad de la nación, pero ¿quién es la nación? Hay que entender que ellos son el gobierno, no la nación; la nación la hacemos todos”.

El diputado panista sostuvo que el conflicto no radica en regular el uso del agua, sino en la falta de aplicación de la ley actual. “Se puede regular y se pueden cancelar pozos ilegales. Lo que ha faltado es aplicar la ley que ya se tiene. Lo que ha faltado es que la Conagua haga su parte”, afirmó.

Mireles denunció la existencia de pozos irregulares en todo el estado y señaló que la problemática no se solucionó en 2018: “Hay una corrupción tremenda en los organismos, de manera histórica, y no es cierto que terminó en 2018; incluso se agravó”. Señaló además que muchos de esos pozos están electrificados y que “quien los electrifica es la Comisión Federal de Electricidad”.

El legislador advirtió que la propuesta de reforma podría centralizar el control del agua en el Estado y abrir la puerta a su uso discrecional. “Lo que pretende esta ley es que el Estado tenga la tutela del recurso hídrico, y tememos que pueda usarse como venganza en algunos casos”, afirmó.

Mireles reiteró su llamado a que el gobierno federal rectifique y atienda las demandas de los productores mediante diálogo y sin decisiones que —dijo— vulneren derechos o abran la puerta a un control político del recurso.

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