Chihuahua, Chih.—En lo que va de 2025, el estado de Chihuahua figura entre las entidades con mayor número de feminicidios reportados en el país, de acuerdo con registros oficiales y conteos de organizaciones civiles. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, entre enero y junio, se registraron 21 homicidios de mujeres por razones de género, lo que ubicó a la entidad en los primeros lugares nacionales.
Un recuento de organismos civiles señala que, entre 2019 y 2024, Chihuahua acumuló 241 feminicidios, reflejando un incremento interanual importante y una tendencia sostenida.
Los municipios con mayor incidencia histórica son Ciudad Juárez y otras cabeceras metropolitanas, zonas que concentran gran parte de la violencia homicida contra mujeres.
Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado, a través de su Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, ha reportado avances operativos, órdenes de aprehensión y carpetas iniciadas por delitos de género.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que existe una brecha entre las muertes violentas de mujeres y las que finalmente son tipificadas como feminicidio, lo que complica la medición real del problema y el diseño de políticas públicas efectivas.
Los observatorios insisten en la necesidad de homogeneizar criterios, fortalecer la investigación forense y dar seguimiento a las carpetas para reducir la impunidad.
En semanas recientes, se han reportado casos de feminicidios y asesinatos de mujeres trans que, según colectivos, no han avanzado con la celeridad necesaria. Estos grupos exigen la correcta tipificación de los hechos y la implementación de medidas de prevención focalizadas en los municipios más afectados. También reclaman registros claros y transparentes, investigaciones especializadas, atención integral a sobrevivientes y mayor coordinación interinstitucional.
Las cifras y testimonios disponibles muestran que Chihuahua enfrenta un problema estructural de violencia contra las mujeres, que no solo se refleja en el número de feminicidios, sino también en las deficiencias para investigarlos y prevenirlos. Mientras los datos oficiales de 2025 colocan a la entidad entre las más afectadas, las voces de la sociedad civil subrayan la urgencia de acciones concretas que garanticen justicia y protección.
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