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Chihuahua.- Por incumplir con varias leyes e incluso con tratados internacionales firmados por México, al ofrecer un discurso en contra de la  comunidad LGBTTTIQ+, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, emitió una recomendación para que antes de un mes, la regidora Catalina Bustillos ofrezca una disculpa pública, y al Congreso del Estado para que inicie un proceso administrativo.

En mayo de este año, la regidora publicó en su perfil de Facebook un video en el que demostró su poca preparación en cuanto a legislación, ya que de acuerdo con la queja presentada por 14 personas, incumplió hasta con la Ley de Salud Mental del estado de Chihuahua por alentar a cambiar la orientación sexual, así como por considerar que “ser gay, lesbiana o trans, es como una pérdida de identidad en búsqueda de sentido de pertenencia”.

Al llevar a cabo una investigación sobre las 14 quejas presentadas, la Comisión determinó que efectivamente, la regidora violentó el derecho humano a la igualdad y no discriminación en perjuicio de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+, que se supone como servidora pública, debería ser la primera en no hacerlo.

Aunque en su escrito de respuesta la regidora negó haber dicho algunas de las frases, que según dijo fueron sacadas de contexto, la Comisión determinó que tanto la regidora como el propio Ayuntamiento de Chihuahua, donde se desempeña en un puesto como servidora pública, deberán ofrecer una disculpa pública hacia la comunidad LGBTTTIQ+, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades. 

También se ordenó al Ayuntamiento de Chihuahua, a través de la alcaldesa María Eugenia Campos, a que se diseñe un programa de formación y capacitación en materia de derechos humanos y diversidad sexual con un enfoque de perspectiva de género, dirigido a la totalidad del personal del Ayuntamiento, que deberá dar inicio a más tardar dentro de 90 días naturales contados a partir de la notificación de la resolución, debiendo informar sobre su cumplimiento a la CEDH.

En tanto, a la presidenta del Congreso del Estado, Blanca Gámez Gutiérrez, se le pide que se inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda en contra de la regidora, tomando en consideración las evidencias y razonamientos esgrimidos en la resolución y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan. La regidora además, como servidora pública responsable de la violación a derechos humanos, se le conmina a evitarla utilización de expresiones que vayan en contra al reconocimiento de los derechos de grupos vulnerables protegidos especialmente por el orden jurídico nacional e internacional.

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