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Guadalajara/Ciudad de México.- La Red Rompe el Miedo, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) rechazan las agresiones contra la prensa y manifestantes cometidas por fuerzas de seguridad en el marco de las protestas #JusticiaParaGiovanni. 

Por segundo día consecutivo, cientos de personas salieron a las calles de Guadalajara para  exigir justicia para Giovanni López, quien murió a consecuencia de los golpes que recibió por parte de policías municipales, después de ser detenido arbitrariamente el 5 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. A esta exigencia se sumó la petición social para que las autoridades liberaran alrededor de 28 personas manifestantes detenidas el día anterior durante la primera jornada de movilizaciones, sin que hasta la publicación de este comunicado se sepa su situación jurídica. 

Como resultado de su activación, la Red Rompe el Miedo documentó 4 agresiones contra periodistas: 2 ataques fueron contra mujeres y 2 contra hombres. Las agresiones documentadas fueron actos intimidatorios, bloqueo informativo con violencia verbal en razón de género y bloqueo informativo con violencia física.

Fabricio Atilano, fotógrafo del periódico El Informador, fue intimidado por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La agresión ocurrió cuando fue detenido para inspección, cerca de las instalaciones de la Fiscalía. En ese momento lo jalonearon y un policía le quitó su celular, observó sus conversaciones y le exigió una acreditación como periodista. Al entregarla se le acusó de tener una identificación falsa. Después de unos minutos lo dejaron ir.

Jade Ramírez, reportera de Canal 44 y directora de Multimedia Perimetral, fue víctima de un bloqueo informativo con violencia verbal por parte de un sujeto desconocido, quien se acercó a ella mientras reportaba la detención de una persona por parte de la policía.

Medios de comunicación, entre ellos El Informador y Territorio MX, sufrieron bloqueo informativo por parte de policías estatales. La corporación policial puso un cerco afuera de la Fiscalía del estado, bloqueando, además, el acceso a organizaciones de derechos humanos quienes acompañan a las personas que fueron detenidas el 4 de junio. Los medios de comunicación reportaban sobre las acciones policiacas cuando, con violencia física, se les impidió su labor,  inhibiendo también el libre flujo de información. 

Malas prácticas policiales y restricciones al ejercicio de la protesta

Las agresiones contra la prensa sucedieron a la vez que se presentaron malas prácticas policiales que derivaron en violaciones al derecho a la protesta, a la libertad de expresión  y a la integridad personal. Entre ellas, el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y la presencia de elementos de seguridad sin identificar.  

CEPAD documentó la detención de, al menos, 37 personas por parte de las fuerzas de seguridad, quienes fueron liberadas durante el transcurso de noche a las afueras de Guadalajara. Algunas de ellas declararon ser golpeadas por agentes de la policía

Tampoco se tiene información de al menos 13 personas quienes fueron detenidas el día de ayer. Esto podría constituirse como casos de  desaparición. Incluso, hoy la Fiscalía del Estado informó a CEPAD que Jesús Alejandro Macías Ginori, uno de los detenidos, fue trasladado al Preventivo en Puente Grande. Sin embargo, cuando arribaron los familiares se les dijo que no se encuentra ahí. Por ello, exigimos al gobierno de Jalisco y a la Fiscalía del estado informar el paradero de Jesús, así como dar a conocer cuántas personas están detenidas y en qué condiciones se encuentran.

A las 18:47 horas, la Red Rompe el Miedo documentó la presencia de elementos de seguridad sin uniforme, vestidos de civil con chalecos antibalas y armas a bordo de camionetas pick up sin placas. Según la información recabada, las camionetas pararon en diversos puntos en las inmediaciones de la Fiscalía, subiendo a manifestantes y transeúntes. 

Hasta el momento, el gobierno de Jalisco no ha dado información al respecto. La única respuesta ha sido por parte de Macedonio Tamez, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad del estado, quien reconoció la detención de 11 personas, a quienes también criminalizó al señalar que eran presuntos delincuentes detenidos previo a la manifestación. “No hay detención que no sea justificada”, dijo a medios de comunicación. Exigimos al gobierno que informe la situación de dichas personas, pues según lo documentado, las detenciones responden al contexto de la manifestación.

También se verificó que hubo presencia de policía antimotines de otros municipios como Tonalá, Tlajomulco y Zapopan. Esto habla de un exceso de vigilancia que, por sí misma, inhibe la protesta social y genera un ambiente adverso para la movilización. 

Ayer por la noche, el gobernador Enrique Alfaro declaró en su cuenta de Twitter sobre los malos actos policíacos: “Con esas acciones se violentó mi instrucción de no cometer excesos y actuar siempre respetando los derechos humanos. Es frustrante que, después de todo lo que hemos aguantado para defender Jalisco, por la irresponsabilidad de alguien tengamos que salir a corregir sus errores (sic).” 

Recordaron al gobernador que, como cabeza del estado, es su responsabilidad garantizar la seguridad de las y los jaliscienses, que los hechos suscitados ayer no son “errores”, son violaciones graves a derechos humanos y que la única forma de evitarlos es conduciendo investigaciones objetivas que sancionen tanto a los agentes que cometieron las agresiones como a las cadenas de mando.   

El gobernador también dijo que “los presuntos responsables de las actuaciones afuera de la Fiscalía están bajo custodia y como ya lo dijimos tendrán que responder ante la justicia. Caiga quien caiga (sic)”. Históricamente las movilizaciones sociales han reivindicado diversas formas de expresión a través de la desobediencia civil, por lo que la criminalización y responsabilidades ulteriores de las personas manifestantes representan violaciones a los derechos de libertad de expresión y protesta. 

Enmarcada en la legislación nacional e internacional, el uso de la fuerza pública parte de los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad. Por lo que, su regulación y aplicación debe ser monitoreada con especial cuidado. Además, dentro de la fuerza pública están inmersos otros derechos fundamentales como la integridad, seguridad y libertad personales, por lo que los actos documentados como los del día de ayer vulneran no sólo el derecho a la protesta, también otras garantías individuales. 

El Estado debe ser consciente que las protestas y las movilizaciones sociales son fundamentales para la exigencia de otros derechos, y que el ejercicio de estos responde principalmente a la incapacidad del gobierno para atender las causas que llevaron a decenas de personas a la apropiación del espacio cívico. Por ello, es deber de las autoridades salvaguardar la integridad de quienes se manifiestan, así como de aquellas personas que cubren las movilizaciones, dijeron.

El uso excesivo de la fuerza, las agresiones contra periodistas y las detenciones arbitrarias son violaciones graves a derechos humanos. Por ello, la Red Rompe el Miedo, CEPAD y el FLEPS instan a las autoridades de Jalisco a conducirse bajo los Principios de Protesta de ARTICLE 19, lo que implica que deben proteger a todas las personas manifestantes en contra de cualquier forma de violencia.

Por lo anterior exigieron:

• Al gobierno de Jalisco, liberar y esclarecer la situación de cualquier persona que en el ejercicio de los derechos de protesta y libertad de expresión hayan sido detenidas.

• A la Fiscalía del Estado de Jalisco, informar sobre la situación legal de las personas detenidas, sus nombres, las carpetas de investigación abiertas, los delitos imputados y el lugar donde se encuentran detenidas.

• A la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Jalisco, informe si en los lugares administrativos de detención a su cargo se encuentra alguna persona detenida en el contexto del operativo del día 5 de junio.

• Al gobierno de Jalisco, investigar las agresiones y detenciones ilegales cometidas por agentes de la fuerza pública, tanto el jueves 4 y viernes 5 de junio, a fin de dar con los responsables y establecer las sanciones necesarias que aseguren la no repetición.

• A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a fin de presentar una queja y emitir las recomendaciones necesarias que impulsen la investigación de la violencia ejercida por la policía y aseguren la no repetición. 

• A la Fiscalía del Estado de Jalisco, generar un protocolo de actuación policial que incluya una perspectiva de derechos humanos y protección para manifestantes para prevenir que actos como los vistos ayer se repitan y generar los mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de la protesta y la libertad de expresión en Jalisco. 

• También acompañamos la exigencia de la familia de Giovanni, organizaciones e instituciones para que el gobierno de Jalisco conduzca una investigación diligente e imparcial a fin de dar con los elementos que detuvieron a Giovanni, así como la cadena de mando involucrada en su detención y posterior fallecimiento.

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