Chihuahua, Chih.— A diferencia de lo señalado hace unos días en rueda de prensa por el secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes, la resolución del Juzgado Primero de Distrito sobre el proyecto del relleno sanitario de Mápula no establece que el predio sea completamente inviable para la construcción del nuevo sitio.
El juzgado resolvió el Juicio de Amparo 1160/2023 y 13 expedientes acumulados, promovidos por particulares, propietarios agrícolas y habitantes de Horcasitas en contra del proyecto del Nuevo Relleno Sanitario Metropolitano, contemplado en el predio Potrero de Mápula.
En su resolución, el juez reconoció el interés legítimo de los promoventes por su relación con los servicios ambientales e hídricos de la zona del Acuífero Villalba.
Sin embargo, los argumentos encaminados a declarar una prohibición absoluta para utilizar el predio fueron considerados infundados. La sentencia señala que el proyecto contaba con estudios previos relacionados con la cuenca, condiciones geofísicas y geotécnicas, así como estimaciones de lixiviados y biogás, por lo que no se estableció una prohibición geográfica absoluta para el uso del terreno mediante soluciones de ingeniería.
El punto central del fallo fue la concesión del amparo contra la resolución de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado el 23 de noviembre de 2022.
El juzgado determinó que esa evaluación no justificó de manera suficiente los posibles riesgos ambientales acumulativos y relacionados con el agua, por lo que ordenó dejarla sin efectos y realizar una nueva evaluación integral del proyecto bajo criterios de prevención y precaución.
La resolución también contempla el sobreseimiento respecto de autoridades y organismos como SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, JMAS y CFE, al considerar que no se acreditaron los actos u omisiones reclamados en su contra.
De esta manera, el fallo federal no determina que Mápula sea un terreno absolutamente incompatible con un relleno sanitario, sino que cuestiona la resolución ambiental emitida por el Gobierno del Estado y ordena que el proyecto sea sometido nuevamente a evaluación.
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