Chihuahua, Chih.— Organizaciones y colectivos ciudadanos cuestionaron nuevamente la reforma electoral aprobada en Chihuahua y publicada el 30 de junio de 2026, al considerar que reduce las garantías que se habían construido para ampliar la representación de grupos históricamente excluidos.
Los firmantes señalaron que las modificaciones no son solamente un cambio en las reglas electorales, sino que disminuyen herramientas que habían permitido una mayor participación de pueblos indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y mujeres.
Como ejemplo, destacaron que las acciones afirmativas aplicadas durante el proceso electoral 2023-2024 permitieron registrar 435 candidaturas de estos grupos, de las cuales 102 personas obtuvieron un cargo de representación entre propietarios y suplentes.
A juicio de las organizaciones, la nueva legislación limita esos avances. Entre los cambios que cuestionan está la decisión de agrupar las acciones afirmativas para personas con discapacidad y de la diversidad sexual en una medida equivalente al 2 por ciento de las regidurías que registren los partidos en el estado.
También señalaron que se redujo el margen del Instituto Estatal Electoral para establecer medidas adicionales que permitan garantizar la representación de comunidades indígenas.
En el caso de las mujeres, expresaron preocupación por los nuevos plazos establecidos para investigar y sancionar casos de violencia política, pues consideran que pueden dificultar el acceso a mecanismos de protección y justicia.
Otro de los cambios que reprobaron es la eliminación de la elección directa de regidurías prevista para iniciar en 2027. Según los colectivos, esto mantiene mayor influencia de las dirigencias partidistas en la integración de las planillas.
Los inconformes también cuestionaron las restricciones impuestas a las autoridades electorales para interpretar las normas de manera que puedan ampliar la protección de derechos. Aseguraron que esto podría impedir que el órgano electoral responda ante nuevas formas de exclusión.
Ante la entrada en vigor de la reforma, informaron que ya se presentaron 30 juicios para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Estatal Electoral, además de cuatro incidentes relacionados con el cumplimiento de la sentencia que ordenaba legislar sobre la elección directa de regidurías.
De igual manera, se solicitaron acciones de inconstitucionalidad ante las instancias correspondientes para cuestionar disposiciones que, según los promoventes, vulneran derechos fundamentales.
Los colectivos adelantaron que continuarán con las acciones legales y electorales que consideren necesarias para defender los derechos políticos de la ciudadanía.
Finalmente, exigieron que la reforma electoral sea derogada y advirtieron que los avances logrados en materia de inclusión deben servir como punto de partida para ampliar derechos y no para establecer límites a la representación.
Durante el anuncio estuvieron presentes Rosa María Sáenz y Dora Villalobos, del Movimiento Estatal de Mujeres; Edith Díaz Aguirre, maestra de Educación Indígena; Javier Agüero, Francisco Agüero Holguín y Patricio Rodríguez, representantes de pueblos y comunidades indígenas; Laura Fuentes y Rubén Chávez, en representación de personas con discapacidad; así como Pamela Pérez y Nayo Rodríguez, quienes respaldan la elección directa de regidurías.
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