Chihuahua, Chih.- El abogado del empresario Eduardo Almeida, Fernando Alarcón Martínez, afirmó hoy que la asamblea realizada el pasado 27 de junio en el ejido La Haciendita fue convocada de manera ilegal, ya que, según dijo, la invitación se difundió mediante WhatsApp y no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Agraria.
Explicó que Eduardo Almeida y el equipo jurídico acudieron a dicha reunión como representantes legales de cuatro integrantes del ejido, quienes previamente les otorgaron el poder para actuar en su nombre.
Alarcón Martínez señaló que la decisión de asistir a la asamblea tuvo como propósito hacer del conocimiento de los asistentes que, a su juicio, la convocatoria carecía de validez legal. Indicó que durante la reunión también se realizaron manifestaciones para dejar constancia de esa inconformidad.
El abogado explicó que los artículos 22 al 27 de la Ley Agraria establecen que las convocatorias deben publicarse con al menos ocho días de anticipación y colocarse en un lugar visible para todos los ejidatarios. Aseguró que esos requisitos no fueron observados y que la difusión por WhatsApp no está contemplada por la legislación vigente.
Durante su declaración, Alarcón Martínez también hizo referencia a una asamblea celebrada el 1 de mayo de 2026. Afirmó que ese día había personas armadas con equipo táctico en el acceso al ejido La Haciendita, a quienes identificó como escoltas de un grupo con el que mantiene diferencias por la realización de operaciones relacionadas con tierras ejidales.
Asimismo, sostuvo que existen presuntas irregularidades en la compraventa de derechos parcelarios, al asegurar que no se habría respetado el llamado derecho del tanto ni otras formalidades previstas en la Ley Agraria. Estas afirmaciones corresponden a la postura de la representación legal de Eduardo Almeida y no han sido determinadas por una autoridad judicial.
Respecto a la presencia de personas armadas, el abogado señaló que el licenciado Almendro portaba un arma de fuego con una licencia vigente expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual, aseguró, fue otorgada conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cuenta con más de seis años de vigencia.
Finalmente, Alarcón Martínez afirmó que los videos difundidos públicamente sobre los hechos muestran únicamente una parte de lo ocurrido durante esa jornada y no reflejan, desde su perspectiva, el desarrollo completo de los acontecimientos.
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