Chihuahua, Chih.- El Poder Judicial del Estado anunció la reubicación de las Salas de segunda instancia que operaban en Hidalgo del Parral hacia la ciudad de Chihuahua, como parte de una estrategia para fortalecer la atención de recursos de apelación mediante una red estatal de magistraturas y el uso de herramientas digitales.
Con este cambio, los asuntos provenientes de los distritos judiciales de Hidalgo, Jiménez, Camargo, Mina, Andrés del Río y Arteaga podrán ser atendidos por todas las Salas competentes del Tribunal Superior de Justicia con sede en la capital, lo que permitirá distribuir la carga de trabajo y ampliar la capacidad de respuesta en la resolución de los casos.
La medida forma parte de la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y también busca atender el incremento de asuntos en materia penal, con un modelo que permita agilizar los procesos y homologar los criterios jurídicos entre las distintas Salas.
De acuerdo con el Poder Judicial, durante 2025 las Salas ubicadas en Parral resolvieron mil 22 asuntos de segunda instancia en materias civil, familiar y penal. Con el nuevo esquema, esos recursos serán respaldados por una estructura estatal integrada por todas las magistraturas competentes.
La institución precisó que las sedes judiciales de la región centro-sur continuarán operando y brindando atención a los usuarios. Además, permanecerán los tres secretarios de Sala, se fortalecerá el uso de herramientas digitales y las personas magistradas realizarán visitas periódicas para dar seguimiento a los asuntos.
Entre las herramientas que se incorporarán se encuentran las videoconferencias, la gestión digital de expedientes y los mecanismos de atención remota, con el objetivo de que litigantes y ciudadanos puedan realizar diversos trámites sin necesidad de trasladarse a la capital del estado.
El cambio de sede fue aprobado mediante un acuerdo del Órgano de Administración del Poder Judicial con fecha del 13 de julio y, según la institución, forma parte de un proceso de modernización para ampliar el acceso a la justicia mediante el apoyo de la tecnología y una mayor coordinación entre las magistraturas.
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