Chihuahua, Chih. – La portavoz del gobierno municipal Mariana de Lachica negó categóricamente que exista algún tipo de irregularidad o fraude en el proceso de licitación llevado a cabo por el Ayuntamiento en agosto del año pasado, a pesar de los recientes señalamientos por parte de la diputada de Morena Brenda Ríos.
Durante su declaración, De Lachica explicó que la ley permite a las empresas modificar su objeto social o razón comercial para ofrecer nuevos servicios, como en este caso en el que una compañía inicialmente dedicada a la publicidad cambió su giro para realizar análisis clínicos.
Con relación en las críticas "provenientes de un grupo vinculado al partido Morena, estas acusaciones provienen de ex candidatos que no lograron el triunfo en procesos electorales anteriores", señaló.
“El presidente municipal actuó con transparencia desde el primer momento, solicitando una revisión exhaustiva del procedimiento, la cual no arrojó ninguna anomalía legal”,agregó.
Respecto a la empresa que recibió el contrato, se cuestionó por qué los pagos comenzaron en diciembre de 2024 si el documento fue formalizado hasta enero de 2025, sin embargo, la vocera no ofreció una respuesta directa a ese señalamiento por provenir, según dijo, de "un medio que trabaja para Morena".
En sí, lo que la vocera explicó fue:
•Cambio de giro: se confirmó que la empresa modificó su actividad para brindar análisis clínicos en septiembre de 2024. Este cambio, dijo el Ayuntamiento, cumplió con toda la normatividad fiscal y regulatoria.
•Constitución accionaria: aunque se mencionó la venta de acciones a Marcela Bonilla Ramos y Marlisse Valeria Díaz Mendoza, el expediente de licitación incluye documentos que acreditan la experiencia de los nuevos socios.
•Infraestructura adecuada: las críticas sobre falta de instalaciones se basan en que el domicilio fiscal no coincide con el operativo, un procedimiento legal y frecuente, aclaró el Municipio.
•Documentación en regla: el Ayuntamiento aseguró que la empresa entregó currículo, contrato de servicio por al menos un año, y cuenta con aviso de funcionamiento y responsabilidad sanitaria expedido por la COFEPRIS que es una dependencia Federal, según los lineamientos de la licitación.
Minutos antes, el alcalde Marco Bonilla también se refirió al tema, asegurando que las críticas derivan del resentimiento político de quienes fueron superados en las urnas “estas voces surgen del enojo de quienes no han superado su derrota, pero la transparencia nos respalda, y no todos actuamos igual”, concluyó.
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