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Ciudad de México.- El periodista Ángel Gahona fue asesinado en Bluefields, Nicaragua, mientras transmitía en vivo, a través de Facebook, las protestas que tenían lugar en esa ciudad en contra de Daniel Ortega el 21 de abril de 2018. El 19 de junio de 2016, Elidio Ramos Zárate, periodista del diario El Sur, murió luego de recibir un disparo en la cabeza durante la cobertura de protestas y enfrentamientos en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, estado de Oaxaca, México.

Los casos de Gahona y Ramos hacen parte de la lista de 10 reporteros asesinados mientras cubrían protestas de acuerdo con el informe de la Unesco “Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios” que hace parte de la serie Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación.

En su informe, la Unesco señala el incremento en los últimos años en casos de acoso, detención y violencia física contra periodistas que cubren manifestaciones. Según su registro, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 2020, al menos 125 periodistas fueron atacados mientras cubrían protestas en 65 países.

La mayoría de los ataques, según la Unesco, fueron autoría de miembros de las fuerzas de seguridad de los gobiernos, aunque también hay registros de ataques por parte de manifestantes.

De los 125 casos, 15 ocurrieron en 2015, 16 en 2016, 21 en 2017, 20 en 2018, 32 en 2019 y 21 en la primera mitad de 2020, “lo que muestra una clara tendencia creciente en el número de ataques sufridos por los periodistas que cubren protestas”, señala el informe.

La tendencia parece mantenerse para lo que queda de año. Solamente en Colombia entre el 9 y 21 de septiembre, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP) registró 33 violaciones a la libertad de prensa en el marco de la cobertura de protestas. Según la organización, los ataques contra medios y periodistas han venido de parte de la Policía Nacional, en un 76% de los casos, así como de manifestantes e individuos sin identificar, en un 24%.

Agresiones físicas, obstrucciones al trabajo periodístico, detenciones ilegales e incluso amenazas durante la cobertura fueron los casos registrados por la FLIP.

También en Colombia, en un hecho que aún se investiga, el comunicador indígena Abelardo Liz fue herido por impactos de bala mientras cubría una protesta en el municipio de Corinto, departamento del Cauca, el 13 de agosto de este año. El comunicador murió camino al hospital.

“Los periodistas tienen un doble rol en la cobertura de protestas: están allá para garantizar la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad, o sea, para informar al conjunto de la sociedad si el accionar de estas fuerzas estuvo en línea con el Estado Democrático de Derecho; pero también están allá para dar voz a los reclamos de aquellos y aquellas que protestan”, le dijo Guilherme Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco, a LatAm Journalism Review. “Por lo tanto, garantizar su seguridad es, al mismo tiempo, un fin en sí mismo, pues es proteger el derecho a la libertad de expresión y un fin para proteger otro derecho fundamental que es el derecho a la protesta”.

De acuerdo con el informe, en estos ataques a la prensa se han violado leyes y normas internacionales que ya han sido acordadas hace “mucho tiempo en el marco de distintas instituciones multilaterales”.

Además de agresiones como golpes, intimidaciones, vigilancia, secuestro, arresto, humillaciones y destrucción de equipos, el informe señala que algunos funcionarios públicos usaron una práctica conocida como “doxxing”. Esta constituye en publicar información privada e identificable de los periodistas, que incluye su dirección o nombres de familiares, “generalmente con intención maliciosa”. En algunos casos también se llegó a censurar medios impresos, de radiodifusión o digitales, bloquear sitios web, instalar programas de rastreo en aparatos de los periodistas, entre otras prácticas.

Aunque en un menor proporción, los manifestantes también atacaron a la prensa, según el informe. Entre las prácticas usadas por los manifestantes están la ocupación temporal de instalaciones de medios para sacarlos del aire o para hacer retransmisiones, detenerlos temporalmente, dañar equipos e incluso en un ocasión prendieron fuego a un medio.

El uso de armas no letales en contra de periodistas también fue destacado por el informe. El documento da cuenta por ejemplo del uso de gases lacrimógenos y balas de gomas en regiones como América Latina, pero también de balas de pimienta y balas expansivas en otras regiones. Además de los 10 periodistas asesinados, el uso de estas armas dejaron a al menos 15 periodistas con graves lesiones, de acuerdo con el informe.

Las mujeres periodistas “fueron perseguidas de forma deliberada y atacadas debido a su género”, detalla el documento. Los casos registrados para el informe dan cuenta de mujeres periodistas amenazadas con ser violadas o una vez detenidas por parte de la fuerza pública fueron obligadas a desnudarse y humilladas. En otra ocasión, manifestantes golpearon y le quitaron la ropa a la periodista.

“Los datos presentados por la Unesco son alarmantes y necesitamos un urgente esfuerzo colectivo para enfrentar el problema, siendo una de las acciones más urgentes la adecuada capacitación de las fuerzas de seguridad”, agregó Canela.

Precisamente, dentro de las recomendaciones que ofrece el informe, la formación a miembros de la fuerza pública hace parte de ellas. Según la Unesco, la organización y sus organismos asociados desde 2013 han realizado programas de capacitaciones sobre libertad de expresión dirigidos a la fuerza pública. Al menos 3.400 miembros de la fuerza pública de 17 países, incluido Colombia, han recibido esta capacitación.

El informe también ofrece recomendaciones a los trabajadores de la prensa como portar de manera visible su identificación de periodista o recibir capacitación de medidas de seguridad, que señala debería estar a cargo de los medios. La Unesco destaca el Manual de seguridad para la cobertura de manifestaciones de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación.

Boletín informativo de LatAm Journalism Review.

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