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Chihuahua.- A pesar de que por décadas Chihuahua ha sido considero un estado clave en cuanto a feminicidios y desaparición de mujeres, personajes clave en el tema han desechado la sola idea de solicitar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, AVGM, tanto en las administraciones priistas como las panistas.

De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer, Cimac, el feminicidio en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua ha sido documentado por organizaciones civiles de la entidad desde 1993 a la fecha; y ha sido motivo de diversas investigaciones y recomendaciones de organismos internacionales y fue fundamental para la elaboración de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, (Ley General), publicada el 1 de febrero de 2007, en la que Chihuahua fue pionero al ser el primer estado en aprobar su ley estatal.

Sin embargo, para el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF) uno de los principales motivos por los que los Gobiernos locales se resisten a declarar la Alerta de Violencia de Género es el cuestionamiento que lleva implícito a los programas de seguridad de las entidades, además de la ejecución de recursos económicos que conlleva el mecanismo, por lo que a veces, como en el caso de Chihuahua, el tema se politiza. 

Quizá por ello se ven declaraciones como la de la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, FEM, Wendy Paola Chávez Villanueva, quien aseguró que en comparación con 2018, en este año hubo una disminución de feminicidios, por lo que la Alerta era innecesaria.

No tan lejana se queda la declaración que dio apenas en abril el titular de la Fiscalía General del Estado César Augusto Peniche, quien sin más ni más dijo que “en Chihuahua la violencia siempre ha estado en nuestro entorno”, aunque hace dos años, en mayo del 2017, señaló que de emitirse la AVGM en Chihuahua, la dependencia a su cargo coadyuvaría a resolver los casos de violencia que se presentaran.

Ya antes, en 2011, la titular de Control Interno de la Fiscalía General de Chihuahua (FGE), Rosa María Sandoval, negó que la cifra de asesinatos que a diario ocurrían en la entidad ameritara declarar la alerta.

Ese mismo año y sin ofrecer todos los datos que sostuvieran su dicho, el entonces fiscal general de Chihuahua Carlos Manuel Salas, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, señaló que el móvil en 492 casos de asesinatos de mujeres –de los 796 que ocurrieron de 2009 a 2011, en esa entidad– se debía a la delincuencia organizada.

Tres años después, en marzo del 2014, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coordinado por el ahora secretario del Ayuntamiento de Chihuahua César Jauregui, junto a sus compañeros de bancada los ahora alcaldes de Chihuahua María Eugenia Campos y de Delicias Eliseo Compeán Fernández, presentaron una interpelación dirigida al en ese entonces fiscal General del Estado Jorge González Nicolás.

En ese requerimiento, le señalaron al funcionario duartista la diferencia entre “la información vertida por integrantes de la sociedad civil organizada, por un lado, y la externada por la Fiscalía General del Estado, por el otro; la primera, tendente a demostrar la preocupación creciente ante el aumento de actos violentos cometidos en perjuicio de mujeres en el Estado de Chihuahua y traducidos a su máxima expresión: el feminicidio; mientras que la segunda, pretende resaltar las supuestas acciones realizadas por la Fiscalía en el área de prevención y combate de los delitos cometidos en contra de las mujeres en el estado”.

En una publicación posterior se resaltó, sin decir quién fue el ente solicitante, que “se desechó la aplicación de la Alerta en Chihuahua, en donde el grupo de trabajo destinado reconoció que el marco jurídico local cumplía con las medidas necesarias para desalentar y empujar a la baja la violencia contra las mujeres y niñas”.

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