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Tras su visita a México, el relator independiente de la Organización de las Naciones Unidas Michel Forst hizo varias recomendaciones tanto al Gobierno de México como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales, de las que dijo estar sorprendido por el bajo número de recomendaciones emitidas en algunas "a pesar de la evidencia que recibí de graves violaciones de derechos humanos contra defensores de derechos humanos. Las instituciones también deben ser más activas en la emisión de recomendaciones, incluyendo la reparación para las víctimas", señaló.

Las recomendaciones al Gobierno de México son:

• Garantizar investigaciones prontas e imparciales sobre las presuntas amenazas y formas de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y llevar ante la justicia a los
responsables directos y a quienes participaron en la comisión de crímenes. También deben
proporcionarse reparaciones;

• La Procuraduría General de la República debería considerar la creación de áreas especializadas para investigar los ataques en contra de defensores de derechos humanos. Deberían revisarse los métodos de trabajo, los criterios de atracción y resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión para reforzar su impacto;

• Fortalecer el Estado de Derecho en el país, especialmente en lo concerniente al completo
cumplimiento de los resolutivos derivados de los juicios de amparo y otras resoluciones judiciales que tienen un impacto directo en el goce de sus derechos por parte de las personas defensoras de derechos humanos;

• Reconocer públicamente, tanto a nivel federal como estatal, el papel fundamental que desempeñan los defensores de derechos humanos y periodistas en las sociedades democráticas y condenar cualquier expresión pública que los desacredite y las violaciones de derechos humanos cometidas contra ellos;

• Aplicar plenamente las resoluciones, recomendaciones y las medidas preventivas o urgentes de carácter internacional relativas a los defensores de los derechos humanos, emitidas por los órganos de tratados de la ONU y los procedimientos especiales (en particular el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité sobre Desapariciones Forzadas) y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

• Asegurar que las personas defensoras de derechos humanos sean debidamente consultadas durante los debates legislativos que afectan a los derechos humanos y que sus opiniones sean debidamente consideradas. Esto es particularmente relevante a los proyectos de leyes generales sobre tortura y desapariciones y la ley de seguridad interna;

• Evitar la adopción de legislación y revisar las leyes que restringen el derecho a la libertad de asociación, expresión y reunión en el nivel estatal, incluyendo el establecimiento de definiciones ambiguas de delitos relacionados como "ataques contra la paz pública". Los proyectos de ley sobre el uso de la fuerza en el contexto de las protestas deben considerar este un recurso de ultima ratio y adherirse siempre a los principios internacionales;

• Elaborar y adoptar políticas públicas integrales con el objetivo de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las y los defensores, así como medidas que aborden las causas estructurales que contribuyen a la situación de riesgo de los defensores, adaptadas a las necesidades de diferentes grupos como los indígenas y las mujeres defensoras;

• Adoptar políticas públicas para la protección de los defensores de los derechos humanos desplazados internamente;

• Garantizar los recursos presupuestarios suficientes para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Protección, incluyendo la implementación de medidas;

• Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar
 los derechos de los pueblos indígenas, con una amplia participación de los defensores de los derechos humanos en todas las etapas;

• Asegurar que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos previsto se desarrolle con total transparencia y con participación significativa;

• Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero;

• Realizar un estudio interregional sobre las buenas prácticas existentes en los mecanismos nacionales de protección y compartir los resultados en México y en toda la región;

• Integrar la perspectiva de género en todas sus políticas relacionadas con la protección y el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos;

• Desarrollar un marco legislativo relativo a la protección de las fuentes de información y los
denunciantes de irregularidades;

• Garantizar que la futura Ley de Archivos incluya el pleno acceso a la información relacionada con violaciones graves de los derechos humanos.  

Y sus recomendaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos son:

• Aprovechar el aniversario en 2018 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos para lanzar una campaña pública sobre defensores de derechos humanos, con un papel importante del gobierno y el apoyo de otras instituciones de derechos humanos;

• Incluir dentro de su programa de trabajo actividades específicas sobre la protección y promoción de los defensores de derechos humanos. Se deben recopilar estadísticas sobre el número de denuncias recibidas, los casos supervisados y las recomendaciones adoptadas;

• Establecer un punto focal sobre defensores de derechos humanos, con poder de decisión en cada comisión; y

• Considerar, la creación a nivel estatal, de premios a defensores de derechos humanos como medio de reconocimiento y protección.

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