Chihuahua, Chih.- Integrantes de la Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses y representantes de la diversidad sexual acudieron este martes al Congreso del Estado para solicitar un juicio político contra el diputado del Partido Acción Nacional, PAN, Carlos Olson San Vicente, a quien acusan de promover discursos de odio y presuntamente respaldar a personas que habrían utilizado cambios de identidad de género, para evadir responsabilidades familiares.
La solicitud fue entregada en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde las activistas pidieron investigar la actuación del diputado, al considerar que sus declaraciones públicas y el supuesto apoyo a determinadas personas han afectado a integrantes de la comunidad LGBT+.
La presidenta de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Mayté Regina Gardea, explicó que las diferencias con el legislador no son recientes, pues anteriormente habían presentado quejas por expresiones que consideran discriminatorias, sin obtener los resultados esperados.
El conflicto se agravó en julio de este año, cuando la organización denunció públicamente que varios hombres habrían realizado modificaciones en sus actas de nacimiento en Jalisco para identificarse legalmente como mujeres y, presuntamente, aprovechar ese reconocimiento en procesos relacionados con pensiones alimenticias y conflictos familiares.
En aquella ocasión, las activistas señalaron que el diputado Olson habría financiado o facilitado algunos de estos trámites, situación que consideran contradictoria con las posturas que el legislador ha mantenido públicamente sobre el reconocimiento de la identidad de género.
Sin embargo, Olson rechazó las acusaciones en ese entonces y aseguró que nunca ha financiado, promovido ni impulsado cambios de identidad de género, y pidió a las organizaciones presentar pruebas que respalden sus señalamientos.
Las personas involucradas en los cambios registrales también negaron posteriormente que el diputado hubiera intervenido en sus trámites, y rechazaron las acusaciones relacionadas con una supuesta evasión de obligaciones alimentarias.
Durante la presentación de la nueva solicitud, Regina Gardea sostuvo que las organizaciones cuentan con antecedentes de las denuncias que han realizado contra el legislador, particularmente por declaraciones que, desde su perspectiva, han fomentado el rechazo hacia la población trans.
También recordó que anteriormente acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero sus señalamientos no prosperaron, por lo que ahora buscan que el Congreso revise la posible responsabilidad política del diputado, aunque reconocieron que conseguir una resolución favorable podría resultar complicado debido a la composición política del Congreso, donde el PAN tiene la mayoría legislativa, no obstante, aseguraron que continuarán utilizando los mecanismos legales a su alcance.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, la presentación de una denuncia no significa que automáticamente se abra un juicio contra el funcionario señalado.
La legislación establece que la solicitud debe ratificarse dentro de los cinco días siguientes a su presentación. Posteriormente, corresponde a la Comisión Jurisdiccional revisar los elementos aportados y determinar si existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento.
La misma ley señala que el juicio político no procede por la mera expresión de ideas, por lo que las acusaciones deberán analizarse conforme a los requisitos legales y las pruebas presentadas.
En caso de que el procedimiento avance hasta una resolución de responsabilidad, sería necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes para aplicar sanciones como la destitución e inhabilitación del servidor público.
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