Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de la normativa y brindar herramientas para una adecuada administración de los recursos públicos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) impartió el curso “Baja de Bienes Muebles”, dirigido a servidores públicos de municipios, organismos estatales y entes autónomos.
La capacitación reunió a 184 participantes, quienes asistieron de manera presencial y virtual para conocer los procedimientos adecuados relacionados con la baja de bienes que han dejado de ser útiles para las instituciones públicas.
Durante la apertura del curso, el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de que este tipo de procesos se realicen de manera correcta y conforme a la ley.
Explicó que, más allá de un enfoque académico, la jornada tuvo un carácter práctico, basado en la experiencia de la propia Auditoría Superior del Estado, con la finalidad de resolver dudas frecuentes sobre la depuración de bienes muebles dentro de las dependencias públicas.
Acosta Félix recordó que, tras la entrada en vigor de una nueva legislación en 2020 relacionada con la administración y disposición de bienes, se han detectado inquietudes e incluso incertidumbre entre los servidores públicos respecto a los procedimientos para dar de baja artículos en desuso.
Por ello, señaló que estas asesorías buscan garantizar que cada etapa del proceso se lleve a cabo dentro del marco normativo correspondiente y con la documentación necesaria para evitar observaciones posteriores.
El curso se desarrolló en tres bloques temáticos: análisis jurídico, revisión de casos prácticos y elaboración de memoria documental. Las exposiciones estuvieron a cargo del director de Apoyo Jurídico Institucional, Jesús Trejo; el director de Adquisiciones y Recursos Materiales, Luis Martínez; y el coordinador de Tecnologías de la Información, Sagir Silva.
Entre los asistentes se encontraron representantes de municipios, organismos descentralizados estatales, organismos autónomos, juntas y operadores de agua, fideicomisos, empresas de participación estatal y personal de la propia ASE.
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