Chihuahua, Chih.- El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, aclaró el alcance y fundamento de la reciente decisión del organismo, luego de las posturas expresadas por el Gobierno de México en torno al tema.
El funcionario explicó que los órganos de tratado, como el Comité contra la Desaparición Forzada, forman parte del sistema de Naciones Unidas, ya que fueron creados por los propios Estados mediante tratados internacionales y tienen como función supervisar su cumplimiento. Subrayó que sus integrantes son elegidos por los Estados parte, aunque actúan con independencia en sus resoluciones.
Albán detalló que la decisión del comité se basa en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual permite llevar el tema ante la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios bien fundados de desapariciones generalizadas o sistemáticas. Precisó que la determinación no está dirigida a una oficina específica, sino al máximo órgano deliberativo del organismo internacional.
Asimismo, señaló que el análisis del comité no se limita a un periodo específico, sino que evalúa la evolución del fenómeno a lo largo del tiempo. Indicó que, con base en cifras oficiales, actualmente se registran más de 132 mil personas desaparecidas en México, además de alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, lo que refleja la magnitud del problema y la ausencia de una tendencia a la baja.
El presidente del comité reconoció que el desacuerdo entre el organismo y el Estado mexicano es válido dentro del marco del diálogo internacional, pero consideró cuestionable la descalificación hacia las instancias de supervisión. En ese sentido, enfatizó la importancia de mantener el respeto institucional y la independencia de estos órganos.
Finalmente, reiteró que el objetivo central es fortalecer las acciones para prevenir las desapariciones, localizar a las personas ausentes, investigar los casos y erradicar este fenómeno, en beneficio de las víctimas y sus familias.
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