Ciudad de México. En México persisten las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Aunque hay avances en el marco jurídico, la aplicación en la realidad es insuficiente. Este es un problema que se ha documentado durante más de 20 años y ahora fue confirmado por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
El informe con recomendaciones del organismo internacional advierte sobre la necesidad urgente de terminar con los sistemas de aislamiento y encierro en instituciones u organismos públicos y privados, donde las personas carecen de expectativas, sin posibilidad de tener una vida independiente. En cambio, son víctimas de maltrato y tortura en algunos casos.
De hecho, señala el documento, la institucionalización es, por sí misma, una violación a los derechos humanos. Es una condición en la que se encuentran alrededor de 140 mil niños y más de 120 mil adultos, comentó Markus Shefer, miembro del comité.
Durante la presentación del informe, el especialista resaltó que el país carece de estadísticas puntuales sobre el número de personas con discapacidad, su lugar de residencia y condiciones en que se encuentran. Y es que, dijo, el gobierno desconoce cuántas instituciones privadas y comunitarias existen.
Lo cierto es que en esos lugares, varios de los cuales fueron visitados por los integrantes del comité de Naciones Unidas, constataron el abandono de los individuos. En un establecimiento encontraron que estaba diseñado para una estancia de 6 meses, pero había personas que llevaban 35 años ahí, “sin ningún apoyo, simplemente sentadas, mirando al vacío”.
También señaló la falta de apoyo de las autoridades para realizar la investigación, pues las visitas tendrían que haberse realizado por sorpresa para tener una visión real de las condiciones del lugar, pero los directivos estaban avisados y al llegar, “el olor a cloro era evidente e incluso una mujer con discapacidad comentó ‘ahora sí huele bonito’”.
El abogado reconoció que los agravios en contra de este sector de la población no son malintencionados, al menos de los directivos de las instituciones, pues alguno de ellos reconoció que supo de la existencia de estos lugares hasta que lo nombraron como director.
La falta de respeto a las garantías individuales de las personas con discapacidad han sido documentadas desde hace más de dos décadas por la organización Disability Rigths International (DRI) y lo encontrado en la investigación que por primera vez realizó el comité de Naciones Unidas, confirma la persistencia del problema que se extiende a las personas con discapacidad intelectual, pacientes siquiátricos que permanecen en condiciones de segregación y niños en orfanatos y refugios.
Carlos Ríos, director Asociado de la División de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Human Rights Watch (HRW) se refirió a otros aspectos donde tambien se violan los derechos de las personas con discapacidad. Uno es el consentimiento informado en los servicios médicos que no se cumple a pesar de que está en la Ley General de Salud desde 2022.
El informe del comité de Naciones Unidas comprobó que persisten los internamientos involuntarios sin la intervención de equipos interdisciplinarios y mecanismos de supervisión.
Además, aunque en el país se reconoce la capacidad jurídica de los mayores de 18 años de edad, siguen las carencias de abogados especialistas, comisiones de derechos humanos. Es decir, dijo Ríos, no existe un esfuerzo articulado y sostenido para avanzar en esta materia.
LA JORNADA
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