Chihuahua, Chih. – La diputada Jael Argüelles Díaz logró la aprobación de la denominada Ley Monse, una reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua que permitirá sancionar a quienes encubran a responsables de feminicidio u homicidio.
La iniciativa, ahora decreto, adiciona un segundo párrafo al artículo 317 del Código Penal del Estado de Chihuahua, estableciendo que ya no aplicarán excusas absolutorias cuando se trate de estos delitos. Esto significa que cualquier persona —incluidos familiares— que oculte, ayude a escapar o altere pruebas para favorecer a un agresor, podrá ser sancionada penalmente.
Ante tribuna, la legisladora detalló que uno de los principales problemas en los casos de feminicidio y homicidio es la impunidad que se genera cuando personas cercanas al agresor facilitan su evasión de la justicia. Por ello, afirmó que esta reforma busca garantizar que nadie pueda proteger a un responsable sin enfrentar consecuencias legales.
Asimismo, destacó que la violencia feminicida representa una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, combinando la privación de la vida con factores como discriminación, abuso de poder e impunidad.
En este contexto, la congresista subrayó que en Chihuahua resulta urgente fortalecer el marco legal, especialmente ante la persistencia de altos índices de violencia y la activación de mecanismos como la Alerta de Violencia de Género.
La reforma mantiene el respeto a los derechos fundamentales de los familiares, ya que no obliga a denunciar, pero sí sanciona acciones directas de encubrimiento como ocultar, destruir o alterar pruebas, asegurando proporcionalidad en la aplicación de la ley.
Con esta modificación, el artículo 317 establece claramente que las excepciones legales no serán aplicables cuando se encubra a responsables de feminicidio u homicidio, fortaleciendo la procuración de justicia y la protección integral de las víctimas y sus familias.
Finalmente, Argüelles Díaz subryó que esta reforma está alineada con los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, que obligan al Estado a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres con debida diligencia.
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