Oaxaca, Oax.— El asesinato del periodista Alejandro Leyva, ocurrido el 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, volvió a poner bajo la lupa las condiciones de inseguridad y las amenazas que enfrenta la prensa en Oaxaca.
Leyva llevaba alrededor de un año denunciando amenazas de muerte y buscando protección. En julio de 2025 presentó denuncias contra el gobernador Salomón Jara y dos funcionarios de su administración ante autoridades estatales y federales, pero no recibió medidas de protección.
Incluso, después de que la Fiscalía General de la República remitiera el caso a la fiscalía estatal, el expediente fue extraviado, de acuerdo con la investigación de LatAm Journalism Review. El periodista tenía previsto acudir al sistema interamericano de derechos humanos, pero fue asesinado antes de hacerlo.
Leyva fue atacado a balazos mientras desayunaba en un negocio ubicado cerca de su domicilio. Su muerte lo convirtió en el séptimo periodista asesinado en México durante 2026.
El comunicador era conocido por mantener una postura crítica hacia el poder local y utilizaba sus redes sociales para denunciar presuntos actos de corrupción. También había señalado públicamente al gobernador Jara y responsabilizado a su administración de cualquier agresión que pudiera sufrir él o su familia.
El ambiente entre la prensa y el gobierno estatal ya era tenso. Desde 2024, durante sus conferencias matutinas, Jara utilizaba un espacio denominado “Trapitos al Sol” para cuestionar información que consideraba falsa y señalar públicamente a periodistas y opositores.
Leyva fue mencionado en ese espacio en diciembre de 2024. Días antes de su asesinato, el gobernador incluso habló de elaborar una lista de “portales de odio” a los que no respondería preguntas.
Tras el homicidio y las críticas hacia su gobierno, Jara convocó a periodistas a una reunión y anunció cambios en su modelo de comunicación, además de comprometerse a terminar con la confrontación con la prensa crítica.
El asesinato también provocó temor entre otros periodistas. Pedro Matías, corresponsal de Proceso en Oaxaca, recibió una amenaza de muerte después de condenar públicamente el crimen. Tras denunciarla, recibió escoltas de la Fiscalía estatal.
Otros comunicadores también han reportado sentirse vigilados y vulnerables. La Secretaría de Gobernación comenzó contactos con algunos periodistas para analizar su incorporación al mecanismo federal de protección.
A pesar del miedo, periodistas como María de los Ángeles Nivón y Pedro Matías han señalado que continuarán ejerciendo un periodismo crítico. Nivón, quien además era cuñada de Leyva, afirmó que los comunicadores han tenido que modificar sus rutinas y extremar precauciones.
El caso también puso de manifiesto la división que existe dentro del gremio periodístico de Oaxaca. Algunos comunicadores dependen de convenios de publicidad con el gobierno estatal debido a la precariedad laboral, situación que ha generado desconfianza y enfrentamientos entre periodistas.
Después del asesinato, organizaciones como el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca, la Asociación de Periodistas de Oaxaca, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación y el Movimiento Periodismo en Riesgo llamaron a formar un frente común.
En una reunión realizada el 1 de agosto, representantes del gremio acordaron dejar de lado sus diferencias para exigir justicia por el asesinato de Leyva, respeto a la libertad de expresión y garantías para que los periodistas puedan realizar su trabajo sin amenazas ni intimidaciones.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran que el crimen evidencia fallas graves en la protección de periodistas amenazados y un entorno cada vez más hostil para quienes ejercen una labor crítica en Oaxaca.
Latam Journalism
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