Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, la mayoría conservadora de la Corte Suprema ha respaldado una y otra vez a sus políticas que llevan los límites al extremo, permitiendo que entren en vigor de manera provisional mientras se resuelven los litigios en los tribunales inferiores.
Pero el miércoles, los jueces considerarán por primera vez si decirle “no” a Trump de manera definitiva.
Lo que está en juego es la legalidad de su política económica emblemática: el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. El resultado del caso podría afectar de manera significativa a la economía mundial, a las empresas estadounidenses y a los consumidores.
Los expertos dicen que el caso es incierto y plantea consideraciones legales y políticas difíciles para los jueces, una tensión que se ve agravada por los esfuerzos de Trump de personalizar la disputa.
Trump había contemplado la posibilidad de asistir al debate de la Corte esta semana, y ha hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia que tiene el caso para él. El domingo dijo que había decidido no acudir a la corte, pero destacó que, para él, lo que estaba en juego era monumental.
El caso “es uno de los más importantes de la historia del país”, escribió Trump en una publicación de Truth Social. “Si un presidente no fuera capaz de utilizar el poder de los aranceles rápida y ágilmente, estaríamos indefensos, lo que quizá llevaría incluso a la ruina de nuestra nación”.
Los observadores de la corte señalaron que los jueces estarían muy conscientes de que Trump consideraría una derrota legal como un golpe personal.
“Uno no puede evitar pensar que eso pesará sobre el proceso de toma de decisiones en este caso”, dijo Donald Verrilli Jr., quien fue procurador general durante el gobierno de Obama.
Hasta ahora, los seis jueces conservadores de la Corte Suprema se han mostrado receptivos a las pretensiones de Trump sobre la autoridad presidencial. Entre otras cosas, han permitido al gobierno retener fondos asignados por el Congreso, expulsar a soldados transgénero del ejército y aplicar políticas agresivas relacionadas con la migración; aunque todo con carácter temporal y de emergencia.
El caso de los aranceles es la primera vez que los jueces han sopesado los méritos jurídicos subyacentes de una prioridad clave del gobierno en el segundo mandato de Trump.
Hay otros casos de este tipo en el horizonte. El mes próximo, la corte examinará los esfuerzos de Trump por tomar el control de organismos independientes. Y en enero, los jueces evaluarán su intento de destituir a un miembro de la Junta de la Reserva Federal. El gobierno también les ha pedido que consideren la legalidad de la orden ejecutiva del presidente que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Jack Goldsmith, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y antiguo abogado del Departamento de Justicia bajo el mandato de George W. Bush, dijo que, dado que las cuestiones jurídicas estaban tan reñidas en el tema de los aranceles, algunos jueces podrían considerar implicaciones más amplias en el conjunto de casos presidenciales, preocupados por no darle a Trump demasiado poder, o demasiadas derrotas.
“Al final de este mandato, veremos victorias y derrotas para Trump en lo que respecta al poder presidencial”, dijo. “Este es el caso que creo que está más reñido, así que no sé hacia qué lado se inclinará”.
En señal de que la corte reconoce la importancia del caso de los aranceles, los jueces establecieron un calendario rápido para que las partes presenten sus escritos y argumentos orales. Ahora parece probable que fallen con rapidez en lugar de esperar hasta el final del periodo el próximo verano, como es su práctica habitual en las decisiones de mayor trascendencia.
El caso ha dividido a la comunidad jurídica conservadora.
La Constitución otorga al Congreso la facultad de establecer impuestos. Sin embargo, poco después de asumir el cargo, Trump declaró que una ley de 1977 le otorgaba a él la facultad de imponer aranceles unilateralmente en situaciones de emergencia.
Utilizó la ley para anunciar aranceles sobre las mercancías importadas a Estados Unidos desde China, Canadá y México, afirmando que los gravámenes eran un castigo por no detener el flujo de fentanilo. En abril, volvió a recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional cuando anunció aranceles sobre las importaciones de más de 100 socios comerciales, afirmando que eran necesarios para hacer frente a déficits comerciales con el resto del mundo.
Los impuestos intermitentes del gobierno sobre las importaciones han inquietado a las pequeñas empresas, provocando demandas de funcionarios estatales y seis empresas, entre ellas la importadora de vino VOS Selections y la fabricante de juguetes Learning Resources, cuyos casos serán analizados por la corte el miércoles. Las medidas de Trump, dicen, fueron ilegales, redujeron sus ganancias y las obligaron a despedir empleados y subir los precios.
La ley de 1977 otorga al presidente ciertas herramientas para “hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria” para “la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”. Eso incluye el poder de “regular” las importaciones.
Los abogados del presidente afirman que eso le confiere una amplia autoridad para imponer aranceles cuando considere que existe una emergencia.
Pero la ley no menciona las palabras “aranceles” o “impuestos”. Si la palabra “regular” significara “gravar”, dijeron las pequeñas empresas a la corte, el presidente “podría gravarlo todo desde los automóviles hasta los zoológicos”.
Desde el principio, el gobierno ha insistido en que las consecuencias para el país son demasiado importantes como para que la corte se oponga a Trump. Dicen que hacer retroceder los aranceles —y potencialmente devolver el dinero ya recaudado— podría desembocar en una ruina económica similar a la de la Gran Depresión, una interrupción de las negociaciones comerciales y la vergüenza diplomática.
“Creo que cuantas más transacciones hemos hecho y más dinero entra, más difícil se vuelve para la Corte Suprema fallar en nuestra contra”, dijo en agosto el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Pero destacados juristas que se oponen a los aranceles, entre ellos jueces federales jubilados y un fundador de la conservadora Sociedad Federalista, dijeron que el caso no estaba reñido. Aunque presidentes anteriores han invocado la ley de emergencia para imponer sanciones o congelar los activos de un país, Trump es el primero en 50 años que recurre a esta para imponer aranceles.
“Los poderes de emergencia están pensados para ser utilizados en casos de emergencia”, dijo Michael McConnell, exjuez de un tribunal federal de apelaciones propuesto por el presidente George W. Bush, quien lidera la coalición de pequeñas empresas. “Ninguna Corte Suprema querría provocar un enfrentamiento con un presidente de Estados Unidos innecesariamente, pero, por otra parte, la ley es la ley”.
La orden del presidente argumentaba que los aranceles eran necesarios como respuesta a déficits comerciales “grandes y persistentes”.
Tara Leigh Grove, profesora de derecho de la Universidad de Texas en Austin, dijo que los jueces podrían considerar exagerado calificar de emergencia los déficits comerciales de larga duración. Por otra parte, dijo, la ley es amplia y parece conceder al presidente un amplio margen de discrecionalidad.
“Los jueces tendrán dificultades para decidir si realmente quieren cuestionar una decisión presidencial sobre una emergencia”, dijo.
El caso obligará también a los jueces a abordar dos doctrinas favorecidas por el movimiento jurídico conservador, que parecen ir en contra de las pretensiones del presidente. La “doctrina de las cuestiones importantes” dice que el Congreso debe utilizar un lenguaje claro para autorizar acciones ejecutivas que podrían transformar la economía. La Corte Suprema se basó en esta doctrina para invalidar muchas de las iniciativas clave del presidente Joe Biden, incluido su programa de condonación de préstamos estudiantiles.
La otra —la “doctrina de la no delegación”— dice que el Congreso no puede transferir poderes legislativos ilimitados —como su potestad tributaria— al poder ejecutivo.
D. John Sauer, procurador general, dijo que el uso que hizo el presidente de la ley para imponer aranceles no fue una delegación ilimitada de poder. La ley exige que las emergencias declaradas expiren en un año y que se informe al Congreso sobre las herramientas utilizadas mientras tanto. Aun así, dijo que el poder del presidente para declarar una emergencia no estaba sujeto a revisión por los tribunales.
“Los jueces carecen de competencia institucional para determinar cuándo los asuntos exteriores representan una amenaza inusual y extraordinaria que requiere una respuesta de emergencia”, escribió en un documento judicial.
Sauer también señaló una reciente opinión concurrente del juez Brett Kavanaugh en otro caso que sugería que las dos doctrinas desempeñan un papel menor o nulo en el contexto de las emergencias de seguridad nacional y política exterior.
Las impugnaciones de los aranceles de Trump llegaron a la Corte Suprema después de que los jueces de tres tribunales inferiores diferentes fallaran en contra del gobierno pero permitieran que los impuestos a la importación siguieran en vigor mientras continuaba el litigio.
En una sentencia de 7 a 4 emitida a finales de agosto, el Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Estados Unidos dijo que la ley de emergencia no autorizaba “aranceles de la magnitud” anunciada por el presidente.
“Siempre que el Congreso pretende delegar en el presidente la autoridad para imponer aranceles, lo hace explícitamente”, dijo la mayoría, negándose a decidir si la ley podría permitir a Trump imponer aranceles más limitados.
El tribunal de apelaciones no se dividió en líneas ideológicas. Observadores cercanos al tribunal han señalado una opinión discrepante del juez Richard Taranto, quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, como posible guía para los conservadores de la Corte Suprema, en caso de que respalden a Trump.
Taranto argumentó que el Congreso utilizó deliberadamente una redacción abierta para dar flexibilidad a los presidentes, plasmando “una concesión consciente por parte del Congreso de una amplia autoridad de emergencia en el ámbito de los asuntos exteriores”.
Sauer mencionó la disidencia del juez Taranto 10 veces en su escrito.
Grove dijo que la Corte Suprema se enfrentaría a lo que describió como “dilema de legitimidad” al sopesar las implicaciones de su decisión para el legado del presidente y la economía.
La autoridad y la reputación de la corte dependen de que deje de lado las consideraciones políticas y se enfoque en la ley. Al mismo tiempo, los jueces no pueden ignorar las presiones y percepciones públicas.
“Hagan lo que hagan en este caso, se considerará político”, dijo Grove.
Si Trump se hubiera presentado en el juzgado el miércoles, habría sido el primer presidente en ejercicio en asistir a los alegatos orales.
La presencia de Trump habría elevado aún más la tensión, creando un ambiente incómodo durante las audiencias orales, habitualmente solemnes.
“Dudo que la corte quiera que parezca que se inclina ante él”, dijo Goldsmith. Si asistiera, “solo haría más difícil que fallaran a su favor”.
En lugar de eso, el presidente dijo en su mensaje del domingo en las redes sociales que no quería “distraer la atención de la importancia de esta decisión”, y añadió que si la corte falla en su contra, “nuestro país podría quedar reducido a una condición casi tercermundista. ¡Pídanle a Dios que eso no pase!”.
The New York Times
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