Chihuahua, Chih.– El presidente del Tribunal de Disciplina Judicial Francisco Acosta afirmó este lunes que la legislación vigente le impide dar a conocer públicamente los detalles de las investigaciones, que se encuentran en trámite dentro del órgano que encabeza, como por ejemplo, el asunto del hermano de la magistrada Nancy Escárcega, beneficiado con una semi liberación, a pesar de haber sido sentenciado por secuestro.
“En reiteradas ocasiones lo he comentado: no existe posibilidad legal para que yo dé cuenta públicamente de procesos que se encuentran en investigación. Por esa prevención legal no puedo decir en qué estado se encuentran”, señaló el magistrado en rueda de prensa esta mañana.
Acosta subrayó que todas las denuncias que llegan al tribunal se investigan con rigor, pero insistió en que los procedimientos deben mantenerse en reserva “no vamos a ser públicos los procesos de investigación porque estamos impedidos por ley, no porque no quiera. Ustedes me conocen, me gusta hablar de frente, pero la ley automáticamente me coloca en una situación de falta administrativa si divulgo información relacionada con una denuncia”, explicó.
Pidió comprensión a la prensa ante las limitaciones legales que enfrenta, al asegurar que prefiere ser criticado por respetar la ley antes que violarla. “Yo prefiero que me critiquen por no poder legalmente dar a conocer esto, a ser un déspota de la ley y revelar situaciones que están en investigación”, expresó.
Además, dijo reiterar su compromiso con la transparencia y aseguró que, en cuanto la ley lo permita, hará públicos los avances de las investigaciones “les aseguro que en cuanto se dé la posibilidad de publicar algo, lo haré inmediatamente y bajo un esquema de transparencia absoluta”, añadió.
Respecto a los procesos de denuncia, Acosta recordó que los lineamientos del Tribunal de Disciplina Judicial exigen que las quejas incluyan pruebas e indicios suficientes para que puedan ser investigadas “si sólo me dan un escrito sin elementos, será muy compleja la investigación. La ley general de responsabilidades administrativas marca los tiempos y procedimientos, y sólo el Congreso de la Unión puede modificarla”, explicó.
Finalmente, señaló que cualquier agilización en los tiempos de investigación dependerá de reformas legislativas “yo no puedo acelerar los procesos por mí mismo. La ley me lo prohíbe. Si no existiera esa restricción, les diría sin problema en qué vamos, cómo vamos y hacia dónde vamos”, concluyó.
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