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Por Ruth Zavaleta Salgado.- Las diversas investigaciones que realizan algunas organizaciones civiles han demostrado que el principal problema de la procuración de justicia en México es la impunidad. Los delitos que se denuncian no son investigados o, si lo son, más del 90% llegan a un callejón sin salida. 

Pero hay otro gran universo de delitos que no se denuncian. En la mayoría de estos casos, las personas no denuncian porque piensan que de todas formas no sucede nada y sólo van a perder el tiempo, y quizás, valoran el daño como una afectación menor. Sin embargo, hay otros delitos que no se denuncian por otros motivos. Los delitos sexuales, por ejemplo.

Durante el periodo del confinamiento por la pandemia, las llamadas al 911 para denunciar diversas violencias contra las mujeres se incrementaron en un 30% con respecto al periodo del año anterior. No obstante, estas llamadas fueron hechas por personas que tuvieron los medios para realizarlas y, además, tuvieron la voluntad de hacerlo. Pero, ¿qué pasa con las niñas y adolescentes, principalmente con aquellas que viven en las comunidades alejadas y sin medios de comunicación?

El 11 de octubre se conmemora el Día de la Niña en el mundo. Así lo determinó la ONU el 19 de diciembre de 2011. Pues, resulta que, ese mismo día, se dio a conocer por diversos medios de comunicación un nuevo caso de otra niña vendida en la montaña de Guerrero. Recordemos que el 21 de mayo, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido cuestionado respecto a este tema por la periodista Dalila Escobar. 

En ese entonces, se había dado a conocer que tres niñitas habían logrado escapar de quienes las habían comprado como si fueran una mercancía cualquiera. El Presidente dijo lamentar esta situación, pero que no debería estigmatizarse a las comunidades indígenas porque no correspondía a la realidad y, era clasista y racista esa concepción, además, aseveró que estos hechos se dan en todas las clases sociales.

Tiene razón el Presidente respecto a que no se debe estigmatizar a las comunidades indígenas, quizás no en todas sucedan estos aberrantes hechos, pero señalar que la venta de niñas sucede en todas las clases sociales quizás no sea tan correcto. En primer lugar, no es un problema de clases sociales, sino de discriminación y violencia por razones de género. En segundo lugar, la venta de niñas es un crimen y no importa de dónde provenga ni en dónde se origine, debe ser castigado. En tercer lugar, nadie juzga los valores culturales de las comunidades indígenas siempre y cuando éstos no signifiquen estar por encima de lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, se entiende por violencia contra los infantes “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 

El problema de la violencia contra las niñas en la montaña de Guerrero es estructural. No sólo participan los padres de las menores, sino también las instancias creadas para garantizar el orden en esas comunidades. Tal es el caso dado a conocer el Día Internacional de la Niña. 

La propia policía comunitaria estaba involucrada en la retención de una niña, su tía y sus hermanitas, y en el cobro de la deuda que adquirió la víctima por huir del suegro que la quería violar. Ante esa evidencia, tiene que aplicarse la ley para frenar estas prácticas criminales. 

Si bien, en 2019 se avanzó al impedir los matrimonios a menores de 18 años y todos los estados de la República lo contemplan en su norma, hay regiones de estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas o Guerrero, donde la venta de niñas y adolescentes continúa impunemente.

Excélsior 

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