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Por Javier Aparicio.- Mientras que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha querido o no ha tenido tiempo de resolver si la ampliación de cuatro a seis años del mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, el día de ayer cinco de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral se pronunciaron por remover de la presidencia al magistrado José Luis Vargas Valdez, y nombrar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente. Ambas son señales preocupantes de la vulnerabilidad o inestabilidad al interior de los máximos tribunales constitucionales del país.

Como sabemos, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad de las impugnaciones que surgen en las contiendas electorales y es el garante de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Sus resoluciones son definitivas e inatacables. Sus integrantes son designados por mayoría calificada del Senado y, según ordena el artículo 99 constitucional, el “Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años”. Por su parte, según el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en caso de renuncia, la misma Sala Superior elegirá un nuevo presidente o presidenta para que concluya el período original del magistrado presidente saliente.

La ruta o vía legal para remover a un magistrado presidente no es muy clara. Sin embargo, lo que es cierto es que ningún presidente o presidenta de un tribunal constitucional puede sostenerse en su cargo si no cuenta con el apoyo mayoritario de sus pares, es decir, de quienes lo eligieron y cuyos votos tienen el mismo peso en cualquier sentencia o resolución. Y, a juzgar por las votaciones y descalificaciones observadas en sesiones públicas recientes, ese apoyo se perdió tiempo atrás en el Tribunal Electoral.

La inestabilidad en la presidencia de la Sala Superior del TEPJF tiene larga data. La integración actual, designada en noviembre de 2016, eligió como presidenta a la magistrada Otálora y tras su renuncia en enero 2019, el pleno eligió al magistrado Fuentes Barrera como presidente para completar el periodo original de aquella. El magistrado Vargas había sido elegido apenas el 3 de noviembre de 2020. Sin embargo, su presidencia no podría durar cuatro años, toda vez que su designación como magistrado concluirá en 2023. Esto quiere decir que, incluso dejando de lado la crisis de esta semana, el Tribunal Electoral tendría cuatro presidentes distintos a lo largo de este sexenio.

Al comparar el desempeño de la Suprema Corte a lo largo de este sexenio con las controversiales resoluciones del Tribunal Electoral no hay que dejar de lado un aspecto clave: mientras que en la Corte se han designado ya a tres ministros, y pronto habrá una designación más, el Tribunal Electoral no tendrá cambio alguno en su integración hasta noviembre de 2023, cuando saldrán dos magistrados.

Baste recordar que, en 2016, la designación original del magistrado Vargas era por tres años —es decir, él ya hubiera sido reemplazado en 2019—. Aquella designación contemplaba 3 magistraturas de 9 años, 2 de 6 años y 2 más de 3 años, creando un escalonamiento relativamente razonable en 2019, 2022 y 2025. Sin embargo, gracias a la llamada ley de cuates, aprobada ese mismo año, las designaciones de 3 y 6 años se alargaron a plazos de 7 y 8 años, respectivamente. Gracias a la ley de cuates, de manufactura sospechosamente similar a la Ley Zaldívar, el Tribunal Electoral tendrá renovaciones en 2023, 2024 y 2025: ¿más inestabilidad?

En 2017, la SCJN validó, en votación dividida de 6 votos contra 5, una misteriosa ampliación de la duración en sus cargos de 4 de 7 magistrados electorales. Una interpretación obvia en aquel momento era que tanto el Poder Legislativo como el Judicial buscaron impedir que durante este sexenio ocurriera una natural renovación parcial en el Tribunal. ¿En qué medida hoy estamos observando las consecuencias de aquellos errores?

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