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Chihuahua, Chih.- La diputada de Morena Ana Carmen Estrada García propuso hoy una iniciativa con carácter de decreto, para reformar los artículos 136 y 158 del Código Penal del Estado de Chihuahua, a fin de agravar las penas de los delitos de homicidio calificado y privación de la libertad, cuando personas menores de edad sean utilizadas para delinquir.  

Durante su exposición de motivos la legisladora expuso que de acuerdo con el INEGI, los menores que se involucran en actividades delictivas tienen, en promedio, sólo tres años de vida activa criminal, antes de ser detenidos o asesinados.

“Los menores son utilizados únicamente como autores materiales a fin de no obtener una pena mayor para quien es la persona detrás de los ilícitos. Utilizar a menores garantiza para los adultos que los incitan, permanecer impunes y con la tranquilidad que en nuestro sistema las penas para niños y adolescentes prácticamente no existen o son atenuadas”, señaló Ana Estrada.

La legisladora expuso que, en la práctica, son las mismas autoridades y policías quienes al detener a menores en organizaciones criminales, suelen ignorarlos y hasta dejarlos libres, para concentrarse en los mayores de edad que potencialmente son más redituables en todos los sentidos. Lo que incita a este círculo vicioso para seguir utilizándolos al frente de las conductas delictivas, expuso la legisladora.

Como ejemplo, la legisladora expuso que el pasado 11 de noviembre, se hizo público en diversos medios de comunicación que, un menor de edad se vio involucrado en actos violentos en el Centro de la Ciudad de México, en esta ocasión un adolescente fue detenido por llevar el cuerpo de una persona dentro de una maleta en calles de la colonia Guerrero. El menor fue aprehendido, dijo que tenía 15 años y que le prometieron dinero por llevar la maleta al basurero de un mercado.

La iniciativa se basa en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su párrafo cuarto establecer en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 y 18 años. 


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