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Por: Katya Galán. Constantemente las personas me hacen recomendaciones no solicitadas de estudios y trabajos relacionados con la equidad de género y violencia contra las mujeres, a pesar de no tener ni estudios ni experiencia ni intereses académicos ni laborales y sin saber gran cosa sobre esas áreas. Solo por mi activismo feminista. 

En el pasado, me han colocado en puestos laborales donde he tenido que desempeñar este tipo de actividades, luego de que la persona a cargo decidía que yo era “buena para eso” y “era lo que me gustaba”. Al final, terminé renunciando, básicamente porque no me sentía capaz y eso me llevaba a no ser productiva ni “buena para eso”. 

Desafortunadamente no todas las personas tienen la oportunidad para elegir el área en que desean desarrollarse. Hace un tiempo, platicando con una amiga que tiene una discapacidad, me comentaba, frustrada, una situación similar. Me decía que estaba cansada de que, cada vez que solicitaba un empleo, la persona que la entrevistaba buscaba automáticamente un espacio en el área de discapacidad. A pesar de tener una licenciatura aplicable en muchas áreas y otros estudios. Como si ella no fuera capaz de hacer otra cosa más que estar detrás de un módulo de atención repartiendo trípticos sobre discapacidad. 

 Lo peor del caso no es eso, lo peor es que, además, quienes la habían empleado a lo largo de su vida laboral, lo habían hecho siempre con la intención de “ayudarla”, de hacerle un favor porque “pobrecita”. Una especie de caridad. Como si el trabajo que ella realizaba no tuviera un valor específico y el sueldo asignado fuera casi una beca.

Mi amiga no es la única que se ve limitada en su desarrollo por la perspectiva inadecuada de los departamentos de Recursos Humanos que tienen la mayoría de las empresas al incluir a personas con alguna discapacidad en sus contrataciones. Ya no hablemos de las contrataciones en el servicio público donde, muchos funcionarios, se dan hasta el lujo de considerarlo un favor “cobrable”, no solo con el voto de la persona sino con el control de sus opiniones públicas.

 Por supuesto que en el servicio público de nuestro estado esto no solo es frecuente contra las personas con discapacidad. Es una situación de acoso y violencia laboral que se ejerce contra todos los empleados. La diferencia es que, según la OMS, una persona con discapacidad tiene casi la mitad de posibilidades de encontrar un empleo, en relación con una persona sin discapacidad. Además de que se les paga menos y muchas veces no se les otorgan las prestaciones de ley, como servicio médico, debido a esta perspectiva de hacerlo como una “labor social”. Todo lo que pone en un mayor nivel de vulnerabilidad a quien presenta esta condición. 

Otra circunstancia que agrava las condiciones laborales por las que una persona puede llegar a ser menos productiva es la falta de accesibilidad. Si los espacios y las herramientas no están adecuados para que el trabajo pueda ser realizado por cualquier persona, muy probablemente el rendimiento no sea el mismo en todos los casos. Lo que es grave ya que, según datos del INEGI, en México, más de 580 mil personas presentan alguna discapacidad, de las cuales, más del 75% en edad productiva se encuentran desempleadas. Toda una fuerza laboral marginada por una mala cultura de adecuación de espacios y herramientas.

Es estas condiciones y bajo esta perspectiva, las posibilidades de ascenso en el escalafón laboral se reducen prácticamente al mínimo. Condenando a personas competentes y capacitadas a la insatisfacción profesional por falta de oportunidades, lo que reduce significativamente su calidad de vida. Ni siquiera desde un punto de vista mercantilista se sostiene esta postura renuente a la inclusión, ya que se desperdicia toda esa fuerza de trabajo y aportación intelectual que se podría estar aprovechando si se respetara el derecho que tienen al desarrollo profesional. PVcyBC8 Omnia.com.mx

Es importante que los gobiernos de todos los niveles vayan más allá de los estímulos fiscales para la inclusión. Se deben incrementar las acciones destinadas a cambiar la cultura de los empleadores que ligan, mentalmente, todo tipo de discapacidades con impedimentos intelectuales que no permiten desempeñar trabajos para los que, en realidad, pueden o no estar tan capacitados como cualquier persona. Empleadores que le dan muy poca o nula importancia a la capacitación en temas de inclusión. 

Para que en un país exista el desarrollo social efectivo, se debe incluir a todos los sectores en todos los rubros de satisfacción y bienestar. Tener una discapacidad no implica necesariamente una limitación intelectual y, aún las discapacidades intelectuales pueden ser específicas y limitar solo algunas funciones. Tener una discapacidad no está relacionado con los anhelos y el derecho al desarrollo que tenemos todas las personas. Es tiempo de entenderlo y de tomar en serio el cambio a una perspectiva capacitada para la inclusión con dignidad de todas y todos los mexicanos.


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