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Chihuahua.- A pesar de ser un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, por tratarse de reformas aprobadas desde el 2011 y contempladas en convenios internacionales y la propia Carta Magna, adoptadas desde mayo en Chihuahua por el Congreso del Estado, las reformas hechas a la Constitución local sobre derechos humanos comienzan a generar polémica en diversos sectores de la sociedad y diputados de distintas corrientes políticas, que de entrada no entienden de lo que se tratan las reformas.

Específicamente porque presionados por grupos “pro familia” algunos legisladores consideran “peligrosos” los cambios hechos al Capítulo II referente a los derechos humanos, en cuyo artículo Tercero en el apartado V se establece que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad, derecho que posibilitará que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad”.

De acuerdo con el doctor en Derecho Armando Hernández Cruz, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la facultad que cada individuo tiene para elegir autónomamente su forma de vivir, y garantiza a los sujetos plena independencia para escoger, por ejemplo, su profesión, estado civil, pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral y sólo está limitado por el respeto a los demás y el interés general. Mediante esta prerrogativa el Estado reconoce la facultad de toda persona de elegir ser y actuar de la manera que mejor le convenga para cumplir con sus preferencias, metas y expectativas particulares de vida.

La Suprema Corte la explica como "la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia personal; su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual", que atañen solo a la persona en sí, y en la que nadie debe inmiscuirse, ni para bien, mucho menos para mal.

Sin embargo, periodistas, diputados y organizaciones que defienden la familia llamada “natural” es decir conformada por mamá, papá e hijos, acusan de que este derecho representa una situación que afectaría la célula básica de la sociedad, y que todo se trata de una promoción de la tan polémica “ideología de género”, con la que se asegura, se abre la puerta, según ellos, a la "legalización del aborto, la pedofilia, eutanasia, el matrimonio homosexual, el consumo de drogas y promueve el cambio de sexo entre menores de edad".

En 2011 se aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que para septiembre del mismo año recayó en una sentencia por parte de la Suprema Corte, a fin de que todos los estados del país armonizaran su legislación con los nuevos paradigmas, que sin embargo, no todos cumplieron.

En septiembre de 2018, atendiendo este vacío en la ley la diputada Blanca Gámez presentó una iniciativa para armonizar la ley local con la ley nacional, que fue respaldada además, con un documento que envió la Presidencia del Congreso, a cargo del diputado también panista Jesús Villareal, el 25 de abril, con la recomendación de la Cámara de Senadores, derivado de una solicitud que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que Chihuahua presentaba un atraso por lo menos de ocho años en la materia.

En el caso del diputado Jesús Villareal aceptó hacer votado afirmativamente el dictamen de reforma sin haberlo leído ni a fondo ni por encimita, y es que esos términos se prestan a que cualquiera lo interprete como pueda; lo mismo que el diputado Omar Bazán, quien además de reconocer que votó sin saber lo que votaba, hizo un llamado a los municipios a no aprobar la reforma.

Como antecedente, el dos de octubre del 2018, la senadora del Partido de la Revolución Democrática Leonor Noyola Cervantes, presentó una iniciativa para incluir en el Artículo I de la Constitución Mexicana el derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad, y al explicarlo dijo que se busca legalizar en todo el país “la decisión de las personas a tener una muerte digna, y de las mujeres a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación”.

Si eso significa lo contenido en el párrafo V del Articulo 3 del Capítulo de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, quiere decir entonces que, atendiendo a la "autodeterminación", en teoría en Chihuahua se ha aprobado ya la eutanasia y el aborto, derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea general de las Naciones Unidas, a la que pertenece México, Chihuahua incluido.

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