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Ciudad de México.- En su calidad de Precursora, la presidenta del Congreso del Estado Blanca Gámez Gutiérrez participó este miércoles en el Foro “Diez años de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, qué ha pasado”, organizado por la Comisión para la igualdad de género en el Senado de la República, para analizar sus avances y pendientes.

Calificada como una experiencia difícil y gratificante a la vez, la diputada recordó que hace más de 10 años la situación de violencia en Chihuahua llevó a que se propusiera esta ley, y “a pesar de todos los obstáculos logró ponerse el tema de la violencia hacia las mujeres y niñas en el debate público”.

Así, junto a las hoy senadoras Diva Hadamira Gastelum y Angélica de la Peña, y la diputada Marcela Lagarde, encabezando el equipo, se atrevieron a cuestionar y actuar en beneficio de las mujeres para tratar de garantizarles una vida libre de violencia.

En su ponencia dentro de la mesa panel “Creación y Evolución de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una mirada desde el feminismo”, la diputada dijo que su creación representa hoy por hoy un logro de las demandas de mujeres activistas y académicas por dar una respuesta ante el alarmante contexto de asesinatos de mujeres y niñas en México, pero aún queda mucho por hacer. 

“La violencia contra las mujeres es un problema profundamente complejo, multidimensional y que requiere para su garantía, un sistema eficiente, operativo, eficaz, que garantice realmente el acceso a una vida libre de violencia para cada una de las mujeres y niñas de este país. Hecho que lamentablemente está lejos de alcanzarse al día de hoy”, señaló Gámez.

Como principales logros de esta ley detalló el que se hayan visibilizado las diferentes violencias hacia las mujeres e incorporado la perspectiva de igualdad de género y de derechos humanos, que los estados crearan instituciones encargadas de atender la violencia de las mujeres; las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para una adecuada investigación y sanción de los feminicidios; así como un mecanismo de la alerta de género cuyos criterios no son políticos sino estadísticos, científicos, jurídicos y humanísticos.


Por otro lado, dijo que en Chihuahua el objetivo fue contar con la Ley, sin embargo ha habido pocas reformas debido al poco interés de legislaturas pasadas, a pesar de propuestas que ha hecho el Movimiento de Mujeres así como el mismo Instituto Chihuahuense para las Mujeres; y resulta necesaria una armonización legislativa integral, que contemple todas las disposiciones normativas que afectan los derechos humanos de las mujeres, en el Código Civil del Estado y el de Procedimientos Familiares.

Lamentó que por el desconocimiento de cómo implementar la perspectiva de derechos humanos y de igualdad de género en su trabajo cotidiano, hay ahora una enorme resistencia de quienes intervienen en los procesos de administración y procuración de justicia, para aplicar los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres.

La legisladora chihuahuense consideró necesario que para dar cumplimiento a la ley, las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas, sean lo suficientemente fuertes, correctamente institucionalizadas, y sobre todo con el presupuesto necesario para realizar las acciones tendientes a prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

Planteó también la necesidad de combatir tres problemáticas muy graves en la violencia hacia la mujer: la naturalización, la aceptación social  y la impunidad “¿cómo decir que respetamos, reconocemos y garantizamos el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia si no podemos garantizar como país el respeto a la integridad de las mujeres y niñas?, cuestionó.

Con estadísticas del INEGI, dijo que del total de mujeres que han sufrido violencia física y/o violencia sexual por parte de su pareja o de su ex pareja (23.2% entre las casadas o unidas; y de 42.4% de las alguna vez unidas), sólo el 17.8% de las casadas y 37.4% de las separadas denunciaron la agresión. 

Entre los principales motivos por los que las mujeres casadas no denuncian la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentra la creencia de que se trató de algo sin importancia  (38.5%), por sus hijos (23.3%), por vergüenza (18.6%), por miedo (17.3%), porque no sabían que podía denunciar (10.5%) y porque no confían en las autoridades (8.4%).

Los motivos por los que no denunciaron actos de violencia las mujeres separadas son un poco similares, aunque en porcentajes mayores: por miedo (31.9%), por sus hijos (29.6%), por vergüenza (26.1%), porque creyeron que se trató de algo sin importancia (17.5%), por desconfianza en las autoridades (13.4%), porque no sabían que podían denunciar la agresión (15%), porque su ex-esposo o ex-pareja las amenazó (8.8%).

Con estos números, destacó “no se puede admitir que la violencia física y/o sexual es algo sin importancia, y los miles de casos de violaciones denunciadas ante el Ministerio Público nos dan un claro panorama”.

En el país se han producido alrededor de 15 mil denuncias de violación al año, en los últimos 10 años. Solamente durante octubre del 2016, se abrió una carpeta de investigación cada 37 minutos y 42 segundos en el ámbito nacional, aumentando en un 10.77% con respecto al mismo mes del año anterior.  

“Con profunda tristeza hay que admitir que México como Nación, a octubre del 2016, tiene un promedio de 25.9 denuncias por  violaciones por cada 100 mil habitantes.  Además de que se calcula que existe un importante subregistro debido a la falta de confianza y al temor por denunciar ante el Ministerio Público”, lamentó. 

Y cómo confiar en las autoridades si sólo tres de cada diez casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso, y sólo en dos de cada diez hay sentencia condenatoria, “esto nos lleva a tener presente que hemos logrado bastante en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y niñas, pero aún falta mucho por hacer”, concluyó.

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