La Torre Centinela ya está encendida. Pasaron los retrasos, las polémicas, los cuestionamientos por su costo y finalmente llegó la inauguración. Ahora comienza la etapa verdaderamente importante: demostrar que una inversión de esta magnitud puede traducirse en algo que la gente entienda sin discursos ni presentaciones tecnológicas: vivir con mayor seguridad.
El pasado 9 de septiembre, la gobernadora Maru Campos inauguró en Ciudad Juárez el edificio que concentra buena parte de la estrategia tecnológica de seguridad del Gobierno del Estado. Desde ahí se pretende coordinar una red integrada por 2 mil 985 cámaras con movimiento y acercamiento, 4 mil 717 cámaras fijas, mil 791 lectores de placas, 102 arcos, más de 3 mil puntos de monitoreo, unidades móviles y otros sistemas de vigilancia.
Sobre el papel es impresionante. Y precisamente por eso las expectativas también deben ser enormes.
La tecnología puede ser una herramienta extraordinaria para combatir la delincuencia. Una cámara puede seguir un vehículo después de un homicidio, un lector de placas puede ubicar una unidad relacionada con un delito y la información procesada oportunamente puede llevar a una detención. De hecho, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya ha informado de casos recientes en los que la Plataforma Centinela permitió identificar y seguir vehículos presuntamente relacionados con hechos delictivos.
Negar esa utilidad sería absurdo.
Pero también sería un error creer que instalar miles de cámaras equivale automáticamente a resolver el problema de la inseguridad.
Las cámaras observan, pero alguien tiene que investigar. Los sistemas detectan, pero alguien debe reaccionar. La tecnología puede proporcionar información, pero esa información debe convertirse en expedientes sólidos, detenciones legales, investigaciones profesionales y, finalmente, sentencias cuando exista responsabilidad.
Ese es el verdadero examen que enfrenta ahora Centinela.
El proyecto no fue barato. El contrato relacionado con la construcción de la Torre y el sistema de videovigilancia fue establecido por alrededor de 4 mil 709 millones de pesos. Al segundo trimestre de este año todavía quedaban aproximadamente 457.5 millones por pagar y el calendario contractual se extiende hasta 2027.
Una inversión así merece vigilancia ciudadana equivalente a su tamaño.
No basta con mostrar cuántas cámaras existen. Habrá que informar cuántos delitos fueron esclarecidos gracias al sistema, cuántos vehículos robados se recuperaron, cuántas detenciones se realizaron a partir de alertas generadas por la plataforma y cuánto disminuyeron los tiempos de respuesta policial.
Esos deberían ser los indicadores del éxito.
También existe un asunto incómodo que no puede ignorarse: las observaciones realizadas al proyecto. Revisiones de la Auditoría Superior del Estado detectaron retrasos, modificaciones y señalamientos relacionados con bienes o servicios pendientes de acreditar en diferentes ejercicios. De esas revisiones surgieron observaciones, procedimientos administrativos y una denuncia de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción. La propia Secretaría de Seguridad Pública ha señalado que ha atendido las recomendaciones correspondientes.
Precisamente por esos antecedentes, la transparencia tendría que convertirse ahora en una de las prioridades.
Publicar resultados periódicamente sería una buena manera de hacerlo. No propaganda, sino números que puedan compararse.
Hay otro elemento que merece atención: la coordinación.
Durante la inauguración llamó la atención la ausencia de representantes del gabinete federal de seguridad y del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez. El alcalde en funciones de Ciudad Juárez, Héctor Ortiz Orpinel, incluso señaló que la Policía Municipal no tenía acceso al sistema de cámaras estatales.
Si Centinela pretende convertirse en el cerebro tecnológico de la seguridad en Chihuahua, resulta difícil imaginar su máximo potencial funcionando entre paredes políticas.
Los delincuentes no preguntan si una cámara pertenece al Municipio, al Estado o a la Federación. Tampoco distinguen competencias cuando cruzan de una colonia a otra o cuando utilizan una carretera para escapar.
La información tampoco debería detenerse en esas fronteras.
Aquí es donde la discusión debería abandonar los colores partidistas. Si la herramienta funciona, debe aprovecharse. Si existen deficiencias, deben corregirse. Y si para obtener mejores resultados es necesario compartir información con autoridades municipales o federales bajo protocolos claros, tendría que encontrarse la manera de hacerlo.
Después de invertir miles de millones de pesos, sería absurdo que la tecnología terminara limitada por diferencias políticas.
Tampoco debemos caer en el extremo contrario y esperar que una torre resuelva por sí sola décadas de problemas relacionados con violencia, impunidad, adicciones, tráfico de armas, crimen organizado y debilidad institucional.
Centinela es una herramienta, no una solución mágica.
Su éxito dependerá tanto de los equipos instalados como de las personas que los operen, de la capacitación policial, de la calidad de las investigaciones y de la capacidad de las instituciones para trabajar juntas.
La inauguración tuvo luces, tecnología, hasta aironazos y un edificio que difícilmente pasa inadvertido en Ciudad Juárez. Eso ya quedó atrás.
Ahora viene la parte menos espectacular y mucho más importante.
Dentro de uno o dos años, probablemente pocos recordarán cómo fue el evento inaugural. Lo que los chihuahuenses sí podrán evaluar será algo mucho más sencillo: si disminuyeron los delitos, si aumentaron las detenciones, si mejoraron las investigaciones y si caminar por las calles se siente realmente más seguro.
Después de 4 mil 700 millones de pesos, esa no es una expectativa exagerada.
Es lo mínimo que la sociedad tiene derecho a exigir.
Hola, déjenos un comentario