Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llegó a mantener bajo custodia a más de 100 mujeres y adolescentes embarazadas durante 2025, mientras que dejó de contar con datos actualizados sobre abortos espontáneos registrados entre las personas detenidas.
Una investigación basada en documentos gubernamentales obtenidos mediante solicitudes de información encontró que en octubre de 2025 había al menos 87 mujeres y adolescentes embarazadas bajo custodia migratoria y para noviembre la cifra aumentó a 101, el nivel más alto del periodo analizado.
Los registros de ICE muestran además que al menos 18 mujeres sufrieron abortos espontáneos entre enero y septiembre de 2025. Sin embargo, la agencia reconoció que no dispone de información actualizada sobre estos casos después del 3 de octubre de ese año.
La falta de registros ocurrió después de un cambio en el sistema utilizado para procesar las reclamaciones médicas. ICE terminó su contrato con el Veterans Affairs Financial Services Center y posteriormente Acentra Health asumió esa función, proceso que presentó retrasos durante su implementación.
Por esta razón, los 18 casos documentados no necesariamente representan el total de pérdidas de embarazo ocurridas entre mujeres detenidas. Especialistas señalan que algunos abortos espontáneos, principalmente durante las primeras etapas del embarazo, pueden no haber quedado registrados.
A la falta de información se suman testimonios de mujeres que denunciaron dificultades para recibir atención prenatal, acceder a especialistas o recibir seguimiento después de presentar complicaciones durante el embarazo.
Uno de los casos documentados corresponde a Anabell, una solicitante de asilo de Nicaragua de 35 años, quien descubrió que estaba embarazada después de ser detenida en Kentucky.
De acuerdo con su testimonio, no recibió inicialmente una ecografía ni vitaminas prenatales. Semanas después comenzó a presentar un sangrado intenso y fue llevada a un hospital, donde le informaron que había perdido el embarazo.
Los registros médicos indicaban que debía recibir seguimiento en una clínica especializada en salud femenina. Sin embargo, la mujer afirmó que continuó presentando sangrado, vómitos y otros síntomas sin recibir esa atención dentro del centro de detención.
Otro caso corresponde a Laura, de 21 años, quien permanecía detenida en Texas mientras cursaba un embarazo considerado de alto riesgo.
Según una declaración legal, un médico determinó que necesitaba atención especializada, pero la consulta con un ginecólogo obstetra no había sido autorizada o programada.
Los especialistas consultados para la investigación aclararon que no es posible determinar que las condiciones de detención hayan provocado directamente los abortos espontáneos, debido a que las causas de una pérdida gestacional pueden ser diversas.
Sin embargo, señalaron que resulta fundamental determinar si las mujeres que presentan síntomas o complicaciones reciben atención médica oportuna y un seguimiento adecuado.
ICE mantiene desde 2021 una directiva que establece que, salvo determinadas excepciones legales, debe evitarse la detención de personas embarazadas, en periodo de posparto o lactancia.
Cuando una mujer embarazada permanece bajo custodia, la política establece que debe recibir vigilancia médica, evaluaciones periódicas, atención obstétrica y transporte para acudir a consultas cuando sea necesario.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo que esa directiva continúa vigente y aseguró que las mujeres embarazadas reciben consultas prenatales, atención de salud mental, apoyo nutricional y alojamiento acorde con estándares médicos.
No obstante, la dependencia no respondió específicamente a las denuncias relacionadas con falta de atención prenatal, seguimiento después de abortos espontáneos o dificultades para acceder a especialistas, según la investigación publicada originalmente por The Guardian.
La ausencia de registros posteriores a octubre de 2025 también dificulta conocer cuántas mujeres perdieron embarazos mientras permanecían detenidas, cuántas fueron trasladadas a hospitales y qué tipo de atención recibieron posteriormente.
El caso ha abierto cuestionamientos sobre la atención médica y los mecanismos de supervisión dentro de los centros migratorios, especialmente porque las personas detenidas dependen directamente de las autoridades para obtener atención médica durante una emergencia.
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