La empresa 3M enfrenta una demanda del gobierno de Australia por la contaminación relacionada con sustancias químicas conocidas como PFAS, utilizadas durante décadas en espumas contra incendios. El proceso judicial pone bajo la lupa qué información conocía la compañía sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente y desde cuándo tenía conocimiento de ellos.
La demanda, presentada contra 3M y su filial en Australia, supera los 2 mil millones de dólares australianos y está relacionada con la contaminación detectada en 28 bases de defensa. El gobierno busca recuperar los costos ambientales y económicos asociados con el problema.
Los documentos judiciales reunidos para el caso superan las mil 600 páginas y contienen información sobre el uso de productos AFFF, espumas utilizadas para combatir incendios que contienen sustancias PFAS.
Los PFAS son una familia de más de 14 mil compuestos químicos conocidos por su alta persistencia. Algunas de estas sustancias pueden permanecer durante largos periodos en el medio ambiente y acumularse en organismos vivos.
Entre ellas se encuentra el PFOA, considerado cancerígeno para los seres humanos y una de las sustancias que Australia prohibió. La documentación presentada en el caso señala que determinados PFAS pueden permanecer en el agua y el suelo, además de acumularse en organismos humanos y animales.
La exposición a algunos de estos compuestos ha sido relacionada con afectaciones a la función renal, alteraciones del sistema inmunológico, problemas de fertilidad y pubertad, así como un menor peso al nacer.
La historia se remonta a finales de la década de 1960. Documentos judiciales señalan que funcionarios del Ministerio de Defensa y otras agencias australianas asistieron a demostraciones de productos AFFF de 3M en 1967 y 1968.
En ese momento, los materiales de la compañía describían los productos como no tóxicos y ampliamente probados. Australia comenzó a adquirirlos en 1972 y, para 1973, 3M Australia afirmaba que el producto no era tóxico ni irritante para las personas, que no dañaba el césped y que era biodegradable.
Sin embargo, la demanda sostiene que para ese mismo periodo las operaciones australianas de 3M ya debían conocer posibles riesgos relacionados con estos productos.
Uno de los documentos citados por los abogados del gobierno está fechado en abril de 1981. Según la demanda, 3M restringía en una de sus plantas de Alabama el trabajo de mujeres en edad fértil para evitar su exposición a un fluorocarbono relacionado con defectos de nacimiento en ratas.
Dos años después, en junio de 1983, el gobierno australiano preguntó directamente a 3M Australia si las espumas AFFF podían provocar daños ambientales y si existían problemas asociados con su eliminación después de realizar pruebas.
Las compras de estos productos continuaron durante décadas y finalizaron en 2003. Sin embargo, la contaminación permaneció después de que terminaran las adquisiciones.
El Ministerio de Defensa comenzó a retirar gradualmente los PFAS en 2004 y, desde aproximadamente 2011, el gobierno australiano ha realizado investigaciones y trabajos de monitoreo en las bases y sus alrededores.
Los documentos indican que los PFAS pueden desplazarse desde superficies como concreto, asfalto, suelo y sedimentos hacia aguas subterráneas, aguas superficiales y sistemas de drenaje.
En 2016, el gobierno australiano identificó 24 bases consideradas de alta prioridad que requerían evaluaciones, investigaciones o acciones relacionadas con la posible contaminación.
Hasta ahora, las autoridades han destinado más de 51 millones de dólares a trabajos de investigación y recopilación de evidencia, mientras continúan las labores de remediación en diferentes zonas.
Australia prohibió el año pasado tres sustancias importantes del grupo PFAS, después de años de preocupación por sus posibles efectos ambientales y sanitarios.
El gobierno sostiene que los productos utilizados por las fuerzas de defensa pudieron generar daños que todavía requieren investigación y tratamiento, mientras que la empresa tendrá que responder durante el proceso judicial a las acusaciones relacionadas con el conocimiento y manejo de los riesgos.
3M no respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda. No obstante, en mayo un portavoz de la compañía afirmó que 3M nunca fabricó PFAS en Australia y que dejó de vender los productos involucrados hace aproximadamente dos décadas.
La empresa también señaló que el sector de defensa continuó utilizando esos productos durante casi otros 20 años y que se defenderá mediante el proceso legal.
La jueza federal Catherine Button describió el caso como algo que nunca había visto y consideró que incluso calificarlo de abrumador sería insuficiente. La próxima audiencia está prevista para octubre y se espera que 3M presente su defensa antes de que termine el año.
El caso todavía deberá ser resuelto por los tribunales y corresponde al proceso judicial determinar las responsabilidades legales de la compañía.
Más allá del resultado de la demanda, el caso vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de las empresas cuando existen señales de que sus productos pueden generar consecuencias ambientales o sanitarias que permanecen durante décadas.
La contaminación provocada por los PFAS muestra además que los efectos de una decisión industrial pueden continuar mucho después de que un producto deja de venderse, generando costos de investigación, limpieza y recuperación que pueden extenderse durante generaciones.
ExpokNews
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