Parral, Chihuahua.— La Fiscalía de la Zona Sur salió al paso de los señalamientos de un supuesto favoritismo en el caso que involucra al regidor César Homero A. y al exfuncionario Arturo R. V., ambos relacionados con un proceso penal y con aspiraciones de continuar participando en la vida política.
El fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos, aseguró que la institución no brinda protección ni trato preferencial a ninguna persona por su cargo público, profesión o vínculos políticos, y sostuvo que la Fiscalía no solapará a nadie por pertenecer a determinado partido.
Sin embargo, desde la perspectiva de amplios sectores de la sociedad, el cuestionamiento sobre un posible trato privilegiado resulta más que evidente, particularmente cuando se trata de personajes que, pese a encontrarse relacionados con un proceso penal, continúan siendo mencionados en escenarios políticos.
Hinojos argumentó que el propio desarrollo del expediente demuestra que no existe favoritismo, debido a que ambos fueron vinculados a proceso y el asunto actualmente se encuentra en manos de los tribunales.
Un caso que sigue sin resolverse
Los hechos se remontan al 16 de septiembre de 2022, cuando un hombre fue agredido al interior del gimnasio Inspira, ubicado sobre la calle Antonio Ortiz Mena, en Parral, sufriendo una lesión en la cabeza y traumatismo craneoencefálico.
Dentro de la causa penal 184/2023, una jueza admitió una acusación complementaria presentada por la víctima en contra de Arturo R. V. y César Homero A. R., a quienes se atribuye el delito de homicidio en grado de tentativa.
El acuerdo judicial, fechado el 2 de marzo de 2026, también reconoció a la víctima como acusador coadyuvante, permitiéndole participar activamente en el procedimiento, aportar pruebas, realizar observaciones y solicitar la reparación del daño.
No obstante, el proceso permanece detenido debido a la apelación presentada por la defensa de los imputados contra el auto de vinculación a proceso. Ahora será un magistrado quien determine si mantiene la resolución o realiza alguna modificación.
¿Y la responsabilidad política?
Más allá de lo que determinen los tribunales —pues corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales establecer responsabilidades penales— existe también una discusión que la sociedad tiene derecho a plantear: ¿deben personajes relacionados con procesos de esta naturaleza ser considerados para ocupar nuevamente cargos públicos?
Desde una perspectiva ciudadana, resulta cuando menos cuestionable que quienes enfrentan señalamientos dentro de un proceso penal puedan pretender continuar construyendo carreras políticas como si nada ocurriera.
La política debería exigir estándares más altos, no convertirse en un refugio para quienes enfrentan cuestionamientos judiciales.
Para empezar, permitir que estos dos personajes sean considerados nuevamente para ocupar un cargo público puede interpretarse como una burla para la sociedad, especialmente para los ciudadanos que esperan que quienes los representan cuenten no solamente con capacidad política, sino también con una trayectoria que genere confianza y credibilidad.
La Fiscalía sostiene que no existe favoritismo y que el expediente seguirá su curso conforme a derecho. Ahora corresponde a los tribunales resolver el fondo del asunto.
Pero mientras eso ocurre, queda una pregunta en el aire: ¿por qué quienes aspiran a representar a los ciudadanos no deberían ser los primeros en demostrar que están a la altura de esa responsabilidad?
En política, la percepción también importa. Y cuando existen procesos judiciales de por medio, la sociedad tiene todo el derecho de cuestionar, exigir transparencia y decidir quién merece —o no— su confianza.
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