En ocasiones la política mexicana parece avanzar en discursos, instituciones y procedimientos, pero retroceder en lo más básico: la forma de tratar al otro. A veces da la impresión de que la sociedad no ha avanzado demasiado desde los años ochenta, cuando el bullying escolar era una práctica común y socialmente tolerada. Aquella lógica de burlarse del nombre, del apellido o de cualquier rasgo personal sigue viva, pero ahora trasladada a la arena pública por actores que, paradójicamente, deberían representar mayor madurez.
Resulta llamativo que algunos políticos recurran a este tipo de actitudes para intentar descalificar a sus adversarios. No se trata de un debate de ideas, ni de la confrontación de proyectos de gobierno, sino de un recurso infantil que pretende reducir al otro a un rasgo superficial. El nombre o el apellido, que en teoría solo es un accidente biográfico, termina convertido en arma política.
Desde hace días se ha visto algo de eso en Chihuahua. Tanto el alcalde Marco Bonilla como su vocera Mariana de Lachica han insistido en referirse a la diputada Brenda Ríos como Francisca, como si el nombre fuera un insulto o una forma de exhibirla. La escena recuerda más a un salón de primaria que a la discusión pública entre representantes electos. Como si llamarse Francisca fuera motivo de vergüenza o un pecado social que mereciera burla.
Algo similar sucedió cuando el alcalde anunció el despido de Luis Terrazas por comentarios misóginos y de mal gusto contra la senadora Andrea Chávez, a quien Bonilla ni siquiera mencionó ni por su cargo ni por su nombre, negándole con ello justamente ese derecho a la identidad.
Hace apenas unos días y desde tribuna, la diputada panista Edna Xóchitl Contreras hizo algo similar, al mencionar al alcalde de Ciudad Juárez únicamente como Cruz Pérez, omitiendo el Cuéllar. Un gesto aparentemente menor, pero que revela la intención de disminuir al adversario, de negarle incluso la identidad completa. En política, esos detalles suelen ser mensajes cargados de simbolismo.
La filosofía política ha explicado desde hace décadas este tipo de comportamientos. Pierre Bourdieu hablaba del poder simbólico del lenguaje: la capacidad de las palabras para establecer jerarquías, marcar distancias y definir quién tiene legitimidad y quién no. No se trata solo de un nombre. Se trata de la intención detrás de cómo se usa.
Llama la atención, además, cómo en sentido contrario también se busca instalar sobrenombres en el imaginario colectivo, casi como una estrategia para acercar a los políticos a la gente pese al cargo que ocupan, que se supone reviste de seriedad y protocolo. Ahí están los casos de la diputada Nancy “La China” Frías, el diputado Guillermo “Memo” Ramírez o la propia gobernadora “Maru” Campos. Como si esos apodos funcionaran como una especie de puente emocional con la ciudadanía, una forma de suavizar la distancia entre el poder y la vida cotidiana.
En esa dualidad hay algo revelador: mientras unos nombres se usan para ridiculizar o disminuir, otros se promueven para humanizar y generar cercanía. El mismo lenguaje que puede ser arma también puede ser herramienta de simpatía. Y en ambos casos se trata de una construcción deliberada.
Vemos pues cómo la política actual en Chihuahua se ha convertido muchas veces en un intercambio de sarcasmos, descalificaciones y gestos simbólicos más que en debates de fondo. Y no es exclusivo de un partido; ocurre en ambos lados del espectro político.
La pregunta que surge es por qué algunos actores políticos recurren a estas formas. Tal vez la respuesta no está solo en la coyuntura política, sino en una lógica más profunda. Desde la filosofía política se ha señalado que cuando el debate de fondo se debilita, el poder busca otras formas de afirmarse. Una de ellas es la jerarquización simbólica: marcar quién pertenece y quién no, quién es digno y quién no lo es. Cuando un político modifica o ridiculiza el nombre de otro, no está simplemente hablando: está intentando colocarlo en una posición inferior dentro del campo político. Es una forma de dominación simbólica que pretende despojar al adversario de reconocimiento.
Los apellidos, en sociedades con fuertes tradiciones clasistas, han funcionado históricamente como marcadores de pertenencia. No es casual que en ciertos círculos políticos aún sobreviva la idea de que algunos nombres “pesan” más que otros. Es una herencia cultural que mezcla elitismo, tradición conservadora y la vieja noción de linaje como credencial de legitimidad.
Sin embargo, la paradoja es evidente. En una democracia, los apellidos no deberían significar nada más que una referencia familiar. El poder no se hereda por linaje ni se legitima por abolengo. En teoría, cualquier ciudadano puede ocupar un cargo público si obtiene el respaldo de la gente, llámese como se llame.
Por eso estas prácticas terminan revelando más sobre quien las usa que sobre quien las recibe. Cuando un político recurre al sarcasmo sobre el nombre de otro, lo que muestra no es superioridad, sino la pobreza del argumento. El insulto sustituye a la razón. Ya lo decía Hannah Arendt, que cuando el lenguaje político se vacía de argumentos y se llena de insultos o simplificaciones, la política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en un terreno de confrontación emocional.
Quizá por eso estas escenas provocan una sensación extraña: la política contemporánea discute presupuestos millonarios, reformas constitucionales y estrategias de seguridad, pero al mismo tiempo reproduce dinámicas propias de un patio escolar, donde alguien intentaba imponerse burlándose del nombre del otro.
La diferencia es que aquí no se trata de niños. Se trata de quienes toman decisiones públicas. Y si la política se parece cada vez más a una pelea de primaria, tal vez el problema no esté en los nombres, sino en la madurez de quienes los pronuncian o dejan de mencionarlos.
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