La diputada Alma Portillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Chihuahua, presentó una iniciativa para fortalecer la protección legal de la intimidad sexual frente a nuevas formas de violencia digital, particularmente aquellas que afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes. La propuesta cuenta con el respaldo de las diputadas Nancy Frías, Joss Vega y Yesenia Reyes del PAN, así como de Irlanda Márquez del PT.
La iniciativa plantea reformar el artículo 180 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua para incorporar expresamente la conducta de “grabar” contenido íntimo sin consentimiento, cerrando así un vacío legal existente en la legislación actual. Actualmente el tipo penal sanciona a quien recibe u obtiene material íntimo y lo difunde sin autorización, pero no contempla de forma explícita la grabación directa realizada sin consentimiento de la persona afectada.
De acuerdo con la propuesta, muchas agresiones a la intimidad sexual comienzan precisamente con la captura no autorizada de imágenes o videos, realizada en contextos de confianza, engaño o abuso. Al no estar claramente tipificada esta conducta, se generan dificultades legales para investigar y sancionar estos hechos, lo que puede derivar en interpretaciones restrictivas y en una menor protección para las víctimas.
Las legisladoras señalaron que la violencia digital se ha convertido en una de las formas más extendidas de agresión contra la intimidad de las mujeres en la era tecnológica. La difusión o uso indebido de contenidos íntimos puede generar graves consecuencias emocionales, sociales y laborales para las víctimas, colocándolas en una situación permanente de vulnerabilidad y revictimización.
La reforma propuesta no busca dotar de mayor claridad al tipo penal para que la ley responda de forma efectiva a las realidades actuales de la violencia digital. Con ello se fortalece la protección del derecho a la vida privada, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
Las promoventes señalaron que cerrar este vacío normativo representa un paso importante en la lucha por garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, enviando un mensaje claro de que la intimidad sexual y la dignidad de las personas deben ser protegidas desde el momento mismo en que se intenta capturar indebidamente ese ámbito privado.
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