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El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia económica, así como promover la autonomía económica de las mujeres víctimas de este tipo de agresión.

En el dictamen presentado por el diputado Óscar Avitia Arellanes, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se establecen una serie de modificaciones y adiciones a diversos artículos de la legislación estatal referida, a fin de establecer nuevas atribuciones para dependencias del Ejecutivo Estatal y autoridades municipales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia económica.


Entre estas obligaciones está la del Estado para crear programas específicos dirigidos a mujeres víctimas de violencia económica, dentro de los programas estatales de fomento al empleo, priorizando su acceso a un trabajo remunerado y su autonomía económica.

Asimismo, deberá elaborar y aplicar protocolos para eliminar, combatir y erradicar la violencia laboral al interior de las dependencias, instituciones y órganos del Poder Ejecutivo.

Además, con las reformas realizadas se fortalecieron las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual deberá diseñar políticas integrales orientadas a la prevención, detección y atención de delitos violentos cometidos contra las mujeres, además de promover de la mano con los municipios, la creación de Unidades Especializadas de Policía en materia de violencia contra las mujeres.

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se le incorporan atribuciones entre las que destacan la promoción de políticas, programas y acciones con perspectiva de género, campañas informativas sobre violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, así como programas de capacitación y fomento al empleo dirigidos a mujeres en situación de vulnerabilidad o que hayan sido víctimas de violencia.

En lo relativo a la facultad de los tribunales de arbitraje municipal para dictar providencias cautelares en materia laboral y garantizar su cumplimiento cuando así lo determinen las autoridades jurisdiccionales competentes.

Cabe destacar que se aprobó por unanimidad la reserva presentada por la diputada Nancy Frías Frías, a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de incluir obligaciones a las autoridades en torno a la generación de programas específicos para las personas víctimas de violencia económica, la elaboración de protocolos para atender los casos de violencia dentro de los centros de trabajo gubernamentales, y el dictado de providencias cautelares

Dentro de los artículos transitorios se da al Ejecutivo Estatal 60 días hábiles de plazo para emitir el protocolo correspondiente para prevenir y erradicar la violencia laboral en las dependencias del Poder Ejecutivo.

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