Ciudad de México. Ante la “urgente situación financiera” que enfrentan las universidades públicas estatales del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la (Anuies) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), acordaron mesas de diálogo para buscar soluciones a la problemática presupuestal de las instituciones públicas de educación superior para temas como el pago de aguinaldos, pensiones y jubilaciones.
Una de estas mesas se instalará antes de que finalice el año, considerando que es en esta época cuando aumentan los desafíos financieros para las universidades por el pago de aguinaldos y pensiones.
Justamente este es uno de los temas que apremia a diversas universidades públicas estatales, señaló a La Jornada, el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución a la cual el pago de aguinaldos le demanda unos “920 millones de pesos, recursos que no tenemos,eso es lo que andamos gestionando, lo que estamos solicitando. Ahora tenemos para pagar las dos quincenas de diciembre, pero no tenemos para el aguinaldo.”
Encabezados por el doctor Luis González Placencia, titular de la Anuies asistieron a la reunión de trabajo realizada hoy en la oficina de Hacienda en Palacio Nacional, la doctora Norma Galván Meza, rectora de la Universidad Autónoma de Nayarit y los doctores Madueña Molina, Christian Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima y Martín Aguilar, rector de la Universidad Veracruzana, quienes fueron atendidos por Eddu Vera Anaya, jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.
González Placencia dijo en entrevista que “como cada año eso implica una presión muy importante” en las instituciones.
“También pedimos la sensibilidad de Hacienda. El subsecretario Villanueva ha hecho ya una gestión con la subsecretaria Bertha Gómez de Hacienda y entendemos que va por buen camino, se sensibilizó a la subsecretaria sobre la importancia que tiene que estos recursos se puedan otorgar.”
Dijo que las instituciones educativas y la ANUIES, “estamos en la mejor disposición de contribuir a la pacificación del país y eso incluye también, por supuesto, no generar otro tipo de problemáticas que se deban a inconformidades porque los salarios no se pueden pagar.”
Los funcionarios universitarios agradecieron la apertura de la SHCP por el espacio de diálogo con las universidades públicas estatales y reconocieron el intenso trabajo que ha realizado el gobierno federal, para fortalecer a las instituciones y el modelo educativo de nuestro país.
Resaltaron los logros en materia educativa del gobierno federal, como la Reforma Constitucional al Artículo 3ro que reconoce el derecho humano a la educación superior, así como la obligación del Estado para garantizarla de manera gratuita a todas y todos los mexicanos. Igualmente, destacaron la reforma a la Ley General de Educación y la promulgación de la Ley General de Educación Superior, indispensables para la consolidación del Sistema Nacional de Educación Superior, para el bienestar de los individuos, de las familias y de la sociedad en su conjunto.
Indicaron que es precisamente en la promulgación de la Ley General de Educación Superior, donde se establecieron los criterios para el financiamiento público de las universidades e instituciones de educación superior, entre los que destacan que el presupuesto que reciben las instituciones públicas nunca será menor al aprobado en el ejercicio anterior; y que los recursos que otorga el Estado deberán ser crecientes en términos reales, es decir, al menos deben incluir la Inflación.
Asimismo, para determinar el incremento del presupuesto, debe considerarse los recursos humanos, la Infraestructura educativa y los materiales utilizados en la impartición del servicio y el establecimiento del Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y la gratuidad, así como la plurianualidad del crecimiento y mantenimiento de la infraestructura.
Sin embargo, señalaron que estos criterios no han sido considerados en la determinación del Presupuesto de Egresos para las instituciones y que la manera en cómo se determina el subsidio que reciben las universidades públicas sigue siendo “inercial, es decir, se aplica un porcentaje de incremento, el cual en el sexenio pasado correspondió al deflactor del PIB, y hoy en día a un porcentaje menor a este indicador. En el caso de las universidades públicas estatales el incremento aprobado para 2026 respecto a 2025 es sólo de 1.8 por ciento.
Esta desarticulación entre el cómo debería de crecer el presupuesto de las Universidades y el cómo realmente se determina, ha generado un desequilibrio de las finanzas institucionales que se traduce en un déficit que se calcula en 50 mil 400 millones de pesos entre 2019 a 2025.
Explicaron que de 2018 a 2025 la matrícula pública de educación superior en estas instituciones ha crecido 16.3 por ciento,mientras que el subsidio destinado a las mismas instituciones ha disminuido en -2 por ciento, en el mismo periodo, por lo que cada año rectoras y rectores se enfrentan a la “penosa necesidad de hacer este tipo de gestiones para solventar los gastos.”
El crecimiento de la matrícula atendida lleva por consecuencia la ampliación de infraestructura, la contratación de docentes, la actualización del acervo bibliográfico y el mantenimiento de laboratorios, entre otras cuestiones, aunado a los problemas estructurales heredados por algunas instituciones relacionados con los sistemas de pensiones y jubilaciones, cuyos porcentajes representan entre el 40 y 50 por ciento de la nómina.
Añadieron que también las universidades públicas estatales tienen que afrontar cada año el pago de la política salarial, que se refiere al incremento al salario y a las prestaciones que se acuerda anualmente con los distintos sindicatos de las instituciones educativas, mismo que regularmente es convenido entre febrero y abril de cada año, pero cuyo pago a los trabajadores se realiza de manera retroactiva en enero. Estos recursos no se incluyen en el presupuesto de egresos de la federación de cada año, por lo que siempre son un riesgo latente para las universidades al no formar parte del subsidio ordinario.
Actualmente, el adeudo de los estados por política salarial a las universidades es cercano a los 600 millones de pesos y en algunas entidades han dicho que no entregarán los recursos correspondientes mientras la federación no haga lo propio.
Es esta la primera vez que se abre este mecanismo diálogo con las autoridades de la Secretaría de Hacienda en el que las y los rectores de las universidades públicas estatales asociadas a la Anuies, podrán plantear en mesas de trabajo sus problemáticas generales y particulares, así como presentar propuestas viables para revertir los serios problemas financieros que vienen acumulando.
La Jornada
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