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Por Katya Galán.- En la organización de un Estado como el nuestro, son llamados Sectores Estratégicos a las áreas económicas que agrupan a productores de bienes o servicios clave para mantener el control de la soberanía y el desarrollo de un país. Aquellos que, por deficiencia, malos manejos o falta de control, podrían crear problemas de ingobernabilidad, intervención extranjera, poner en riesgo a la población u obstaculizar el progreso económico y/o social de una nación determinada.

    Las leyes de cada país señalan con claridad cuáles son los sectores estratégicos en su economía. Entre otros criterios -como los militares, por ejemplo-, existen algunos que están directamente relacionados con los Índices de Desarrollo Humano establecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Salud, Educación y Riqueza. Por esta razón, desde un punto de vista social, son sectores que no es conveniente privatizar, ya que de su distribución y acceso depende, en mucho, el tamaño de la brecha de desigualdad entre los habitantes de un país y el ejercicio de la mayoría de los Derechos Humanos.

    En México, como en todos los países del mundo, tanto el ramo energético como la industria eléctrica son considerados sectores estratégicos. No solo eso: son algo así como los sectores estratégicos madre, ya que tienen un alto impacto en la operatividad de todos los demás sectores estratégicos. Solo por poner algunos ejemplos, la educación, la salud, la ciencia y la tecnología son rubros altamente limitados en las áreas donde todavía no existe cobertura de energía eléctrica, con las evidentes consecuencias en el desarrollo de estas regiones.

    Para darnos una idea de la relación entre el consumo de energéticos y la desigualdad social, solo entre 1990 y 2015, el 1% de la población de mayor poder adquisitivo en el mundo fue responsable del doble de las emisiones de dióxido de carbono que la mitad de la población con menores ingresos, según el INFORME “Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono” de la confederación internacional Oxfam.  

    Además de mantenerse bajo el control del Estado, en una situación ideal, es decir, cuando un país cuenta con los recursos naturales para ello, se debería pugnar por ser auto sustentables, al menos en los sectores estratégicos de los que dependen la operatividad de todos los demás: el energético y la industria eléctrica, puesto que depender de otras naciones pone en jaque el funcionamiento del país dependiente.

    Como una mala broma, el reciente “apagón” originado por el desabasto de gas natural en Texas, que inicialmente afectó a cuatro estados del norte de nuestro país y terminó perjudicando a 12 más en las siguientes horas, ha puesto de nuevo la luz sobre el tema de la urgencia de auto sustentabilidad de gas natural, principal combustible utilizado para generar luz eléctrica en México. Y la ironía radica en que son justamente los grupos que ejercieron el poder político en el pasado y estuvieron a cargo de la administración de los recursos públicos, quienes ahora se enredan en la bandera de nuestra ineficiencia energética.  

    Esos mismos grupos que cambiaron las leyes constitucionales para poner en marcha la llamada Reforma (más precisamente “Deforma”) Energética; los autores del caos que desde la gestión de Salinas de Gortari a la de Peña Nieto abrieron las puertas e hicieron tratos con compañías extranjeras; abandonaron a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, con la intención, primero de desprestigiarla para, luego tener argumentos ante la opinión pública que justificaran su desaparición, como sí lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro; celebraron contratos con casi 200 particulares para la generación de electricidad que el Estado mexicano está obligado a comprar, y tienen vigencia hasta 2039 y que, de mantenerse, representarán pérdidas por 160 mil millones de pesos, según datos de la Secretaría de Energía; desmantelaron la industria mexicana de gas natural; y nos llevaron a situaciones, ya inevitables, como la del apagón de los días pasados por nuestra dependencia de particulares extranjeros. En pocas palabras, son esos grupos los que pretendían dejar a las siguientes administraciones atadas de pies y manos para revertir sus negocios fraudulentos y por los que, ahora los y las mexicanas deberemos esperar tiempos legales y asumir pérdidas millonarias.

    Estos mismos grupos reviven, además, el debate sobre la necesidad de migrar a un esquema de energías “limpias”. Limpias… con muchas manchas de pobreza, falta de acceso al servicio y huella ambiental derivada de la producción de insumos para generarlas, puesto que son producidos con altas cantidades de componentes no renovables y un complejo manejo de residuos cuando entran en obsolescencia., para que, al final, terminen en tiraderos a cielo abierto, elevando así los índices de contaminación ambiental por los inasequibles costos para su eventual reciclaje.

    Pasos en círculos que nos colocan en el centro de un debate mal enfocado y una solución que termina por no serlo … o bien, tomando “atolito” del dedo de grandes corporaciones españolas que, al igual que hicieron en su propio país, pretenden vendernos, a través de campañas mediáticas, la privatización y las energías “limpias”, que, casualmente, estas empresas producen, como la panacea a la crisis energética que ellos mismos y sus cómplices al frente de nuestros tres gobiernos anteriores, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto crearon, con la finalidad de ser los beneficiarios de las utilidades que genera la industria eléctrica mexicana: Iberdrola y Naturgy.

    Verdaderas soluciones para la optimización en el uso de energéticos no renovables pasarían por fortalecer las legislaciones relacionadas con la materia, como la obligatoriedad para las escuelas de arquitectura en la impartición de temas bioclimáticos, su implementación en el diseño y construcción y el fomento de una cultura de reducción de insumos no renovables, solo por poner algunos ejemplos. Acciones que están mucho más ligadas a la voluntad política de las y los actores políticos y sociales, que a la privatización del sector en beneficio de empresas extranjeras.

    Por supuesto que la necesidad de la auto sustentabilidad de la industria eléctrica es inminente. Eso no está a discusión y se tendrá que ir dando conforme sea posible ir revirtiendo el daño que la Reforma Energética de Peña Nieto ocasionó. Sin embargo, ya que “el acceso a la energía presenta una clara relación con indicadores de alfabetización, esperanza de vida, o el índice de desarrollo humano", como lo dice el investigador español José González Piqueras, en su ARTÍCULO, actualmente, un debate verdaderamente útil en materia energética, tendría que estar mucho más relacionado con el acceso, mecanismos para la disminución de emisiones de dióxido de carbono y, si bien, con los modelos de producción de energía. Si vamos a abordar el tema de las energías verdaderamente limpias, tendríamos que estar pensando en la producción por regiones, determinando el proceso productivo por factores bioclimáticos y de la mano de una legislación y cultura de la construcción acorde a cada uno de estos esquemas.

    De ese modo, garantizaríamos no solo el acceso a la energía eléctrica de una mayor parte de la población, sino costos más asequibles para el consumidor final y que sean las comunidades las beneficiarias directas de las utilidades que genere dicha producción; en lugar de estar pensando en enormes corporaciones sin responsabilidad social más allá del discurso; empresas que, en realidad, no se hacen cargo de las enormes cantidades de residuos generados por su actividad industrial descontrolada y que, además, no han sabido garantizar el servicio eficiente y continuo para todas y todos los mexicanos, a un costo que no resulte un factor más de ensanchamiento de la brecha de desigualdad. Apuesto a que, entonces, veríamos a los paladines de las energías limpias perder el interés por la “salvación” de la industria eléctrica mexicana.

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