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Chihuahua.- A tres meses del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, un grupo de periodistas y defensores de derechos humanos se reunieron en la Cruz de Clavos para recordarla y sobre todo para mantener su exigencia de justicia.

Hoy, fueron acompañados por el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan Jarab y el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahí, el periodista Rolando Nájera dio lectura a un posicionamiento en el que no sólo se denuncia que a tres meses no hay ni respuesta oficial ni justicia en el crimen y sobre todo que no existen hoy las condiciones ideales para ejercer el periodismo en Chihuahua, dado el clima generalizado de hostigamiento desde diversos frentes; posicionamiento que se reproduce íntegro a continuación. 

“Las primeras horas del pasado 23 de marzo nos llegaba una horrible noticia: habían asesinado a Miroslava Breach Velducea afuera de su casa. La corresponsal de La Jornada y creadora de la desaparecida Agencia Mir, una periodista intachable, valiente, que dio voz a los grupos más vulnerables…dejó de existir en manos de criminales que siguen sin ser capturados. 

“Horas más tarde, se anunciaba una investigación para esclarecer los hechos y para que el crimen no quedara impune. Hoy se cumplen tres meses desde aquella promesa gubernamental sin un resultado claro ante la opinión pública.

“Hoy se cumplen tres meses de que sus colegas y amigos salimos a este y otros espacios para exigir resultados, sin obtener una respuesta clara.

“Durante este tiempo, mientras que hemos condenado el asesinato y hemos exigido justicia en reiteradas ocasiones, se han presentado una serie de acontecimientos desafortunados. En el camino asesinaron a otro corresponsal de La Jornada, ahora en Culiacán, Sinaloa…fue el turno de Javier Valdez. 

“México no es un país para periodistas, Chihuahua no es una entidad para periodistas. Esto no solo se ve reflejado en las estadísticas, la realidad nos lo recuerda día a día a quienes ejercemos este oficio.

“Desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados 22 periodistas en el estado de Chihuahua. No existe ninguna indagatoria que dé un resultado claro y convincente. En los meses recientes, además de Miroslava, fue asesinado en diciembre pasado Adrián Rodríguez, del Grupo Radio Divertida. 

“Recientemente la Procuraduría General de la República anunció una recompensa de hasta un millón y medio de pesos a quien ofrezca información que permita la captura de los asesinos de la periodista Miroslava Breach Velducea.

“La Fiscalía General del Estado asegura haber realizado una exhaustiva investigación para dar con el paradero de sus asesinos, de quienes se presume ya están identificados.

“Hoy exigimos que esa investigación no haya sido en vano, que el despliegue de recursos, incluyendo la recompensa que se ofrece, lleve a dar con el paradero de los responsables de este acto inhumano.

“Y que sobre todo, la captura de estos asesinos pueda ser un ejemplo de que sí existe la intención de acabar con la impunidad, como lo ha asegurado el gobierno de Chihuahua.

“Pero la muerte no ha sido la única forma de intimidación que ha trastocado al gremio. En los últimos meses hemos visto como se dan a conocer listas de “periodistas incómodos”, intimidaciones y actos de violencia por parte de servidores públicos y autoridades policiacas, espionaje a nivel nacional. La violencia ejercida de varias formas es una constante.  

“De 2008 a mayo pasado, la violencia y las amenazas han obligado al exilio a 456 periodistas en el mundo, 12 de los cuales salieron de México, de acuerdo a un informe del Comité para la Protección de los Periodistas.

“Una de ellas es Patricia Mayorga, periodista cercana a Miroslava, quien tuvo que salir del país al no poder garantizarse su seguridad.

“Otros periodistas chihuahuenses están a la espera de que se les conceda asilo en el extranjero, tal es el caso de Emilio Gutiérrez, quien se mudó a El Paso desde el 13 de noviembre de 2008, horas después de la ejecución del reportero Armando Rodríguez, de El Diario de Juárez.

“Hasta ahora son ocho los periodistas amenazados de muerte que han solicitado asilo, y sólo Jorge Luis Aguirre, reportero de un portal de Internet chihuahuense y Horacio Nájera, ex corresponsal de Reforma en Ciudad Juárez, lo han obtenido en Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

“Entre tanto Martín López, del Canal 44 de Ciudad Juárez; Ricardo Chávez Aldana, de Radio Cañón; Rosa Isela Pérez, del periódico Norte de Juárez, y su esposo Alejandro Quintero, del Diario de Ciudad Juárez, también se vieron forzados a salir del país por el riesgo al que estaban expuestos en México.

“El mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, al que un gran número de periodistas chihuahuenses están adheridos, ha demostrado ineficiencia en todos los casos. 

“La alerta temprana decretada por Gobernación Federal para Chihuahua llegó demasiado tarde y no es garantía de que ya no se derrame más sangre de nuestros colegas.

“Hoy queda claro que la prensa como tal, más no sus reporteros y reporteras, ha quedado a deber a la sociedad y por eso ésta no se ve reflejada, escuchada ni defendida en los periódicos, en los noticieros de televisión ni de radio, ni en las plataformas digitales. 

“Hoy debemos replantear la labor periodística, exigiendo justicia para nuestras y nuestros compañeros asesinados; siguiendo de cerca a lo que hacen los poderosos en el ámbito de la política y en lo económico para que exista justicia, para que exista la equidad de la que tanto se habla en los discursos. 

“Debemos exigir que haya las medidas necesarias para que el periodismo no sea atacado ni una vez más, en ningún lado, en ningún evento, en ningún hecho, porque ejercer a plenitud la libertad de expresión no debiera tener mayor riesgo, aunque en México se ha demostrado que es todo lo contrario.

“En cambio, debemos comprometernos a estar más capacitados, a dar voz a los sectores vulnerados por la política pública, a cuestionar al ejercicio público, y también dar nuestra propia batalla por tener una buena ley de protección, pero sobre todo por una ley de regulación de publicidad oficial, para que sea la ciudadanía quien sepa los criterios y el uso del recurso público en medios de comunicación.

“En medida que obtengamos eso, nosotras las reporteras, nosotros los reporteros, tendremos mayores garantías para salir a la calle a buscar la información. Que los vínculos entre dueños de medios y gobiernos no regateen la información a la ciudadanía. 
“Hoy nos toca exigir una vez más por las y los compañeros caídos y nos toca ofrecer también lo mejor de nosotros. Esperamos justicia… queremos justicia… no más periodistas asesinados”.

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