Chihuahua, Chih.- El abogado Luis Villegas Montes informó que presentó una denuncia electoral contra el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, por una presunta campaña de promoción personal rumbo a las elecciones de 2027, en la que solicita investigar el origen de los recursos utilizados y la posible participación de funcionarios públicos.
En rueda de prensa esta mañana, informó que se documentaron 352 videos, mil 752 fotografías y 79 anuncios pagados, además de publicidad espectacular, recorridos por colonias, reuniones y eventos que, a su consideración, podrían formar parte de una estrategia para posicionar políticamente al funcionario estatal.
Villegas señaló que la denuncia también incluye a Silvia Margarita Alvídrez Valles y Fernanda Jazmín Martínez Quintero, por su presunta participación en actividades relacionadas con la promoción del secretario general de Gobierno.
Uno de los principales cuestionamientos del abogado es quién está pagando la publicidad y si para estas actividades se han utilizado recursos públicos, personal o estructuras del Gobierno del Estado "los cargos públicos no son plataformas electorales particulares; y si alguien puede financiar cientos de videos, espectaculares y eventos, lo menos que debe hacer es explicar quién paga la cuenta”, expresó Villegas Montes.
El promovente también señaló que existen indicios de posibles presiones a empleados estatales para asistir a reuniones de carácter político, incluso acompañados de familiares y amigos, mediante supuestos controles de asistencia.
Asimismo, hizo referencia a una denuncia penal contra el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, a quien representantes de empresas informativas habrían señalado por presuntas presiones para publicar información favorable a De la Peña o retirar contenidos que pudieran perjudicar su imagen.
Además, mencionó posibles alianzas políticas dentro del PAN, particularmente con Rocío González Alonso y Mario García, que "podrían estar relacionadas con una estrategia para fortalecer las aspiraciones del funcionario tanto entre los electores como al interior de su partido".
Villegas sostuvo que corresponde a la autoridad electoral determinar si las actividades denunciadas forman parte del ejercicio legítimo de las funciones públicas o si constituyen actos de promoción electoral anticipada, así como establecer el origen y monto de los recursos utilizados.

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