Las suscripciones que comienzan como pruebas gratuitas y terminan generando cargos inesperados, las ofertas que presionan a comprar de inmediato y las aplicaciones diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante horas podrían enfrentar nuevas restricciones en la Unión Europea, que prepara una reforma para combatir las prácticas comerciales engañosas en internet.
La Comisión Europea presentó el pasado 11 de noviembre una propuesta denominada Ley de Equidad Digital, con la que pretende reforzar los derechos de los consumidores y establecer mayores obligaciones para las empresas que ofrecen productos y servicios mediante plataformas digitales.
Uno de los principales cambios contempla que las compañías soliciten la autorización expresa de los usuarios antes de convertir una prueba gratuita en una suscripción de pago. También deberán informar oportunamente sobre las renovaciones automáticas y facilitar la cancelación de los contratos, evitando procedimientos complicados que actualmente dificultan abandonar determinados servicios.
La iniciativa busca combatir los llamados patrones oscuros, estrategias utilizadas en páginas web y aplicaciones para influir en las decisiones de los consumidores. Entre ellas se encuentran los mensajes que advierten que solamente quedan unas cuantas habitaciones disponibles en un hotel o que una oferta está a punto de terminar, aun cuando esa información no corresponde con la realidad.
Otra de las prácticas que podría quedar sometida a nuevas obligaciones es la modificación de precios durante la compra de boletos para conciertos y otros espectáculos. Las empresas tendrían que mostrar el costo actualizado mientras los clientes esperan en una fila virtual, además de informar cuál sería el precio máximo que podrían pagar.
La propuesta también contempla medidas para reducir los mecanismos que fomentan el uso excesivo de redes sociales y aplicaciones. Los usuarios podrían desactivar funciones como la reproducción automática de videos y otros recursos diseñados para prolongar su permanencia en las plataformas.
En el caso de los videojuegos, las restricciones estarían dirigidas principalmente a proteger a niñas, niños y adolescentes. Se plantea prohibir determinados mecanismos que obligan o incentivan a los menores a realizar pagos para obtener ventajas, superar niveles o avanzar dentro de los juegos.
La publicidad digital también enfrentaría mayores controles. Los anuncios personalizados dirigidos a menores quedarían sujetos a restricciones, mientras que los creadores de contenido e influencers tendrían que identificar claramente sus publicaciones comerciales para evitar que la publicidad se confunda con recomendaciones personales.
Agustín Reyna, director general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), consideró que la iniciativa representa una de las reformas más importantes en materia de protección al consumidor de las últimas dos décadas.
El representante de la organización señaló que las nuevas disposiciones podrían ayudar a resolver problemas que afectan diariamente a quienes realizan compras, contratan servicios o utilizan plataformas digitales, aunque reconoció que todavía será necesario revisar el alcance de las medidas.
Sin embargo, la propuesta también ha generado diferencias entre especialistas y representantes de la industria tecnológica.
Christoph Busch, académico de la Universidad de Osnabrück, en Alemania, consideró que permitir a los usuarios desactivar las funciones que generan comportamientos adictivos podría resultar insuficiente. Desde su perspectiva, sería más efectivo que dichas herramientas permanecieran deshabilitadas inicialmente y solamente funcionaran cuando las personas decidieran activarlas.
En contraste, organizaciones vinculadas con la industria de los videojuegos advirtieron que algunas restricciones podrían afectar a los desarrolladores y limitar las opciones disponibles para los jugadores.
Video Games Europe y la Federación Europea de Desarrolladores de Videojuegos cuestionaron particularmente la amplitud de las prohibiciones relacionadas con las compras dentro de los juegos, al considerar que podrían abarcar mecanismos comerciales que no necesariamente resultan perjudiciales.
Por su parte, Catalina Goanta, profesora asociada de Derecho Privado y Tecnología de la Universidad de Utrecht, advirtió que una regulación excesiva podría generar nuevas dificultades para las empresas, especialmente para los negocios digitales de menor tamaño.
La especialista sostuvo que varios de los problemas actuales podrían atenderse mediante una aplicación más efectiva de las normas existentes, sin necesidad de imponer restricciones adicionales que compliquen la actividad comercial.
Reyna rechazó esa interpretación y consideró que establecer reglas comunes para los 27 países de la Unión Europea permitiría simplificar las obligaciones de las empresas, en lugar de obligarlas a cumplir diferentes disposiciones nacionales.
La reforma también se acompaña de cambios en los mecanismos de vigilancia y sanción. Las autoridades europeas podrían imponer multas de hasta el seis por ciento de la facturación anual mundial de las empresas que cometan determinadas infracciones a las normas de protección del consumidor.
De acuerdo con la Comisión Europea, las prácticas comerciales desleales en internet representan un problema creciente. Datos de su informe sobre condiciones de consumo de 2025 indican que alrededor del 60 por ciento de los consumidores europeos adquieren productos o servicios por internet, mientras que quienes compran en línea tienen una probabilidad considerablemente mayor de enfrentar problemas que quienes acuden a establecimientos físicos.
Pese a los avances de la iniciativa, las nuevas disposiciones todavía no están vigentes. El proyecto deberá ser analizado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, un proceso durante el cual podrían modificarse varios de sus planteamientos.
La discusión se desarrolla en medio de las presiones para fortalecer la competitividad de las empresas europeas y reducir las cargas regulatorias, por lo que todavía no existe certeza sobre la versión definitiva de la legislación.
Mientras tanto, el debate ha puesto sobre la mesa la necesidad de evitar que las plataformas digitales aprovechen los hábitos, la falta de información o la vulnerabilidad de los usuarios para obtener mayores ingresos, en un mercado donde las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por algoritmos y mecanismos de persuasión.
Agencias

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