Alexander Villatoro Moreno, de 53 años, también conocido como Quichi, se declaró culpable de conspiración para cometer extorsión a trabajadores mexicanos con visa H-2A, en un tribunal federal de Florida; fue el último, de cinco acusados por este crimen cometido entre 2015 y 2017, en reconocer su culpabilidad, informó el departamento de Justicia estadunidense (DOJ). Las víctimas cosechaban frutas, verduras y otros productos agrícolas en Estados Unidos.
Villatoro Moreno, quien se declaró culpable de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), fue detenido en Chiapas en enero de 2025 y extraditado a Estados Unidos en noviembre.
“El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República, brindó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades mexicanas” para lograr su detención y extradición, informó el DOJ en un comunicado publicado en su sitio web.
Previamente fueron procesados y condenados en Estados Unidos cuatro socios de Villatoro Moreno, entre ellos su hermano Bladimir Moreno, quien en 2022 se declaró culpable de conspiración, en el marco de la ley RICO, y de obligar a trabajos forzados; fue sentenciado a 118 meses de prisión y el pago de 175 mil dólares en restitución a las víctimas. Bladimir Moreno era propietario de Los Villatoros Harvesting (LVH), empresa contratista de mano de obra agrícola que obligaba a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.
También en 2022, Efraín Cabrera Rodas y Christina Gamez -supervisores de LVH- fueron sentenciados a 41 y 37 meses de prisión, respectivamente, tras declararse culpables de conspiración, bajo la Ley RICO; Guadalupe Mendes Mendoza, otra supervisora de LVH, se declaró culpable de conspiración para obstruir una investigación federal y recibió una sentencia de ocho meses de arresto domiciliario y una multa de cinco mil 500 a pagar durante 24 meses de libertad supervisada.
El DOJ detalló que los acusados reclutaron fraudulentamente a ciudadanos mexicanos para que ingresaran a Estados Unidos con visas agrícolas de corto plazo H-2A y engañaron a Estados Unidos para obtener las visas. Cobraron a los trabajadores tarifas de reclutamiento exorbitantes para trabajar en LVH y les mintieron sobre cuánto ganarían, las horas que trabajarían, las condiciones laborales y el reembolso que recibirían por el pago de las tarifas de reclutamiento y otros gastos.
Los trabajadores fueron obligados a trabajar de seis a siete días a la semana, por un salario muy inferior al que les correspondía por ley.
Utilizaron varios medios coercitivos para obligar a las víctimas a trabajar: imposición de deudas; confiscación de sus pasaportes; condiciones de vida de hacinamiento, insalubres y degradantes; abuso verbal y humillaciones; amenazas con arresto, cárcel y deportación; aislamiento que les impedía interactuar con cualquier persona que no fueran empleados de LVH; amenazas de dañar físicamente a sus familiares en México si los trabajadores no cumplían con sus demandas.
Cuando los funcionarios comenzaron a investigar, Villatoro Moreno obstruyó las indagaciones federales y ayudó en la preparación de información de nómina falsa -para ocultar los pagos insuficientes a los trabajadores- y distribución recibos de reembolso falsos a las víctimas, para hacer parecer que LVH estaba cumpliendo con la ley al reembolsar a los trabajadores sus gastos de viaje.
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